MARCELA SÁNCHEZ
Roman, Times, serif»>DESDE WASHINGTON
Ambigüedad legal del antiterrorismo
MARCELA SÁNCHEZ
Ambos candidatos a la Presidencia de Estados Unidos han dejado claro que combatir a los terroristas requiere perseguirlos, atraparlos y, cuando sea necesario, matarlos.
Dicho discurso deja poco espacio para indagar sobre los orígenes del terrorismo o los efectos a largo plazo de una actitud meramente despiadada. Probablemente nadie debiera pretender que haya una discusión matizada en estos momentos tan políticamente emotivos, pero hoy hay una pregunta simple que requiere una respuesta precisa —¿puede un terrorista dejar de ser terrorista?
El presidente colombiano, Álvaro Uribe, un acérrimo aliado de Estados Unidos, ha tenido tanto éxito en su guerra contra los narcoterroristas, que más de 5,200 de ellos han entregado sus armas y dejado su lucha contra el Gobierno. Estos ex terroristas, mejor conocidos como “desmovilizados”, están convirtiéndose en un nuevo reto en la búsqueda de la paz en Colombia.
Para mantenerlos desmovilizados, funcionarios colombianos y algunos estadounidenses quieren ofrecerles una alternativa de subsistencia o emplearlos como aliados en su lucha contra el narcoterrorismo. Pero la transición de combatientes armados a miembros legales y productivos de la sociedad colombiana está actualmente en veremos.
La duda en este momento es si la ayuda estadounidense puede usarse para dar apoyo a antiguos miembros de lo que el Departamento de Estado llama Organizaciones Terroristas Internacionales (FTO, según siglas en inglés). Bajo la ley estadounidense es ilegal proveer intencionadamente “ayuda material o recursos” distintos a materiales médicos o religiosos, a grupos designados como FTO.
Parecería innecesario consultar con un abogado para saber que alguien que ha renunciado a una FTO ya no es parte de ella. Sin embargo, funcionarios de la Administración Bush han decidido ser extremadamente cautelosos y suspender asistencia a los desmovilizados en Colombia, hasta que el Departamento de Justicia clarifique esta “ambigüedad legal”.
La lista negra de las FTO incluye a las dos agrupaciones guerrilleras de izquierda más grandes de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ejército de Liberación Nacional, que han estado en la lista desde cuando ésta se inició en 1997. Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) de la extrema derecha fueron añadidas a la lista en el 2001.
Uribe quiere desmovilizar 20,000 combatientes antes de diciembre del 2005 y ha empezado conversaciones de paz con algunos miembros de las AUC. Inicialmente, el Gobierno de Uribe creyó que la Administración Bush apoyaría dichos esfuerzos pero la suspensión de la asistencia por dudas sobre la legalidad de ayudar a antiguos terroristas no puede menos que debilitar la fe de los colombianos en el compromiso estadounidenses.
Algunos en esta ciudad no ven ninguna ambigüedad. El embajador colombiano Luis Alberto Moreno afirma con razón que “no se trata de apoyar a esas organizaciones, sino de ayudar a acabarlas”. El martes, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara, Henry J. Hyde (R-Ill.), envió una carta al Departamento de Justicia para presionar por una pronta salida a la “actual confusión” de si la asistencia estadounidense puede beneficiar a los desmovilizados. Hyde está particularmente interesado en permitir a la Policía colombiana usar aviones proporcionados por Estados Unidos para transportar a desmovilizados dispuestos a colaborar en trabajos de inteligencia o en la erradicación de cultivos ilícitos.
Si el Departamento de Justicia no resuelve esta duda pronto, incluso las más inofensivas propuestas podrían frustrarse. Hyde y otros ocho representantes están proponiendo destinar fondos a diversos esfuerzos como la asistencia a largo plazo para entrenamiento agrícola, la eliminación de la fiebre porcina y el cultivo de arándanos. Éstos y otros proyectos podrían proveer oportunidades legales a los desmovilizados y a los desplazados por el conflicto.
La actual confusión es la consecuencia directa de la ligereza con que se aplica el rótulo de terrorista, una práctica que “no contribuye a una buena política exterior estadounidense”, dijo el senador Bob Graham (D-Fla.), una figura clave en proveer ayuda estadounidense a Colombia. A diferencia de los procesos de paz en Centroamérica que Washington apoyó generosamente, la paz en Colombia tendrá que ocurrir en un contexto diferente, un contexto de listas negras de terroristas y de guerra contra el terrorismo. Pero no puede permitirse que dicho contexto haga la paz en Colombia más difícil de lo que ya es.
Uno esperaría que la suspensión de la ayuda estadounidense se levante pronto como reconocimiento a que el rótulo de terrorista ya no se emplea en el caso de los desmovilizados. Entre más tiempo tome, más probable será que los colombianos y otros deduzcan que la inacción del Departamento de Justicia exime convenientemente a una Administración Bush sospechosa de alentar la desmovilización adelantada por Uribe.
Así que mientras Uribe claramente ha respondido afirmativamente a la pregunta de si un terrorista puede dejar de serlo algún día, Washington no lo ha hecho. Y a menos que lo haga pronto, Washington podría poner en peligro más de 3,000 millones de dólares de inversión en Colombia durante los últimos cuatro años para fortalecer la mano del Gobierno en contra de los grupos armados ilícitos apoyados por el narcotráfico. Hasta entonces, como lo dijo un asesor del Congreso seguidor del tema colombiano por años, “estaremos atentando contra nosotros mismos”.
