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El valor de la institucionalidad
El Instituto Nicaragüense de Desarrollo (Inde) emitió esta semana una proclama (Hagamos Patria, Unámonos por Nicaragua, LA PRENSA miércoles 13 de octubre del 2004), en la que expresa una grave preocupación ante la crisis que afecta al país y “llama a todos los nicaragüenses a manifestarse enérgicamente defendiendo la institucionalidad de la República”.
En realidad, la base del conflictivo y aflictivo problema político, económico, social y cultural de Nicaragua es que aquí no hay institucionalidad. O, mejor dicho, las precarias instituciones del sector público son pasto de las ambiciones e irresponsabilidad de los políticos liberales y sandinistas —mejor dicho: arnoldistas y orteguistas—, coludidos en el pacto de 1999 que fue constitucionalizado en el año 2000 con el propósito fundamental de someter las instituciones públicas a los intereses de los partidos y, peor aún, de sus caciques respectivos.
El contraste entre un país donde existe la institucionalidad y se le respeta, y otro en el que las instituciones son atropelladas por los mismos funcionarios que las dirigen, se ha podido ver claramente durante los últimos días con lo que está ocurriendo en Costa Rica y Nicaragua.
En Costa Rica, como consecuencia de las denuncias de corrupción contra tres ex presidentes de la República, uno de ellos renunció a su partido político y depositó una suma de dinero equivalente al monto que supuestamente recibió como coima de una empresa extranjera; otro fue expulsado de su partido y obligado a renunciar al alto cargo internacional que desempeñaba, y lo espera una orden de arresto al regresar a su país; y el tercero es investigado por las autoridades correspondientes a pesar de que ya pasaron 15 años desde que ocurrieron los hechos que le imputan. En cambio, en Nicaragua los corruptos se escudan en sus inmunidades legales para evadir la justicia hasta en acusaciones de delitos sexuales, y utilizan las instituciones como instrumentos para ejecutar venganzas partidistas y personales.
Pero la diferencia entre Costa Rica y Nicaragua no radica sólo en que allá hay institucionalidad y se respetan las instituciones, mientras que aquí ocurre todo lo contrario. También la gente es distinta: en Costa Rica la población se lanza multitudinariamente a las calles para condenar la corrupción y exigir que se castigue a los corruptos, pero en Nicaragua, cuando se convoca al pueblo a manifestarse contra la corrupción sólo responden unas cuantas personas.
La diferencia la hace la institucionalidad. Y hay una abundante experiencia internacional que demuestra que sólo construyendo instituciones sólidas y transparentes, y haciendo que funcionen de manera correcta y eficiente, es que se puede construir una sociedad en la que todas las personas tengan la posibilidad de progresar y de vivir en paz, libertad, seguridad e igualdad de oportunidades.
Pero esa misma experiencia internacional también demuestra que una situación de institucionalidad en que las personas y los funcionarios públicos se someten a la ley y respetan las instituciones, no se consigue gratuitamente ni es algo que cae del cielo como el maná del Antiguo Testamento. La institucionalidad y el Estado de Derecho se construyen con esfuerzo, con perseverancia en la búsqueda de consensos —pero no en derredor de intereses espurios como hacen los pactistas—, sino en función del bien común, con vocación de servicio, ejerciendo el poder político para construir el progreso social no para aprovechar el Estado como un botín.
Las instituciones —aseguran los expertos y nosotros compartimos este criterio— representan las reglas del juego de la sociedad. Las instituciones promueven los comportamientos de las personas incluyendo ante todo a los funcionarios, plasman los valores e ideales en la realidad social, influyen en la actuación política y reproducen y difunden los principios para y entre la sociedad.
Esto significa que la armazón institucional tiene que ser fruto de un consenso libre, informado, responsable y honesto de los ciudadanos. No de la imposición de caciques autoritarios y corruptos que determinan cómo deben ser y a quienes deben servir —menos al pueblo— los poderes del Estado.
Ésta es una escandalosa situación que, como dice la proclama del Inde, la ciudadanía no debería permitir que continúe.
