- Investigarán hasta qué puntola Contraloría tiene facultadespara pedir la destitucióndel presidente Bolaños
- Califican desde ya comoun “golpe técnico” la decisiónde la Contraloría
José Adán Silva
La Procuraduría General de la República anunció ayer que iniciarán investigaciones de tipo legal para determinar hasta qué punto la Contraloría General de la República se extralimitó en sus funciones, al ordenar la destitución del presidente Enrique Bolaños.
Así lo anunció el procurador general Alberto Novoa, en una conferencia de prensa realizada en Casa Presidencial junto al representante legal de la Presidencia, José Macario Estrada.
De acuerdo con Estrada, la resolución de la Contraloría (CGR) es “alevosa” y “malintencionada”. “La sentencia menciona que el Presidente no ha cumplido con entregar la información de una cuenta del Caley Dagnall, pero desde el 2 de abril del 2003, dicho banco remitió el expediente de la cuenta, con copias de órdenes de cuentas y transferencias”, aseveró Estrada, quien se presentó a la conferencia con un fólder de documentos que supuestamente “aclaran” la participación del presidente Bolaños en el uso de los fondos electorales.
El representante legal de la Presidencia cuestionó que inicialmente Bolaños era testigo y no auditado, para lo cual mostró una carta del presidente de la CGR, Juan Gutiérrez, quien así confirma.
“El 11 de marzo le remitieron un pliego de 18 preguntas, y él remitió el 6 de mayo las respuestas a la CGR”, dijo Estrada, quien entregó al procurador Novoa copias de tales documentos.
“La Contraloría no tiene facultades para investigar a un ciudadano que era precandidato, y todas esas actuaciones son irregulares y deben ser investigadas por la Procuraduría”, dijo Estrada.
Novoa, una vez que tomó los documentos, dijo que la institucionalidad del país está en grave crisis y que la decisión de la Contraloría es “un severo ataque” al Estado de Derecho
El Procurador insistió en que la fórmula por medio de la cual se quiere destituir al presidente Bolaños “no está contemplada en las leyes”, y agregó que la CGR no tiene potestad ni facultad para destituir a presidentes.
Novoa reafirmó que la decisión de la CGR es “política”, y tiene como objetivo acabar con la lucha contra la corrupción impulsada por la administración de Bolaños.
CRISIS SEVERA
“La crisis institucional es severa y el Estado de Derecho se tambalea. Hago un llamado a la mesura y ponderación para que conservemos el Estado de Derecho”, dijo ayer el procurador Alberto Novoa, quien calificó la decisión de la CGR como “un golpe de Estado técnico”.
