- Ministro del Marena rechaza señalamientos y llama a “soluciones concertadas”
Mario José Moncada
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Denuncian supuesta traba a canal seco
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Ministro del Marena rechaza señalamientos y llama a “soluciones concertadas” |
Mario José Moncada
Representantes del Canal Interoceánico de Nicaragua (Cinn) denunciaron que el Gobierno les está aplicando un “silencio administrativo” al no atender la realización de los trámites correspondientes para el desarrollo del proyecto, que contempla una inversión de 2,700 millones de dólares, incluyendo la construcción de una línea férrea que uniría al Mar Caribe y el Océano Pacífico.
Sin embargo, el Ministro del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), Arturo Harding, rechazó los señalamientos pero admitió que algunas soluciones en torno al proyecto, dado en concesión mediante una ley aprobada por la Asamblea Nacional en el 2001, deben tomarse “de forma concertada”.
El representante legal del Cinn, Leonel Teller, dijo que “después de concluir exitosamente todos los pre estudios (del proyecto) contemplados por la ley, el Gobierno entregó el 12 de agosto del 2003 los términos de referencia para los estudios finales del Cinn”. Pero señaló que el Marena se ha rehusado a aceptar el pago de 1,000 dólares en concepto de los trámites del permiso ambiental y especial.
Para Teller la suma está contemplada en la normativa actualmente vigente, según la cual el costo de los trámites del permiso ambiental y especial para los proyectos ubicados en la región Central y Pacífico será el equivalente a 400 dólares, y de 600 dólares si se encuentran en las regiones autónomas del Atlántico.
Teller también se quejó que la Comisión Intersectorial del Cinn no se ha reunido, lo que consideró representa un atraso más para el buen avance del proyecto.
SIN PRESUPUESTO
Pero el titular del Marena dijo que no existe ese “silencio administrativo” e indicó que en una carta enviada a Teller en junio, le reiteraron el “deseo sincero del Gobierno” para apoyar inversiones de este tipo.
Harding sostuvo que el Marena requerirá mayores fondos, que no precisó, para cumplir correctamente con la supervisión de los estudios finales que realizarán los inversionistas del Cinn, recursos que no están presupuestados.
Dijo que estos trabajos por ser costosos “no se pueden realizar con los montos establecidos que se relacionan con las disposiciones actualmente vigentes”.
“Todas las disposiciones de cobro que tenemos en Nicaragua para otorgar los permisos ambientales, están hechas sobre la base de trabajos de relativamente poca envergadura, o sea que no fueron diseñados para grandes proyectos” como el Cinn añadió.
“Hemos sido francos y hemos llamado la atención a su mejor sentido y entendimiento empresarial, para encontrar una solución justa, correcta, legal y transparente, para no atrasar su proyecto por causa de gastos que nosotros no podemos realizar”, le dijo Harding a Teller en la citada misiva.
En ese sentido, dijo que lo mejor es buscar “una solución concertada” sobre el monto que deben pagar los inversionistas para el trámite del permiso ambiental de este megaproyecto.
