Policía chapina acusada de brutalidad

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GUATEMALA.- El Congreso citó ayer a los ministros de Gobernación, Defensa y al Procurador de los Derechos Humanos, para que rindan cuentas del desalojo ocurrido el martes en una finca en Retalhuleu, 180 km al suroeste de la capital, que concluyó con la muerte de por lo menos seis campesinos y tres policías.

Los diputados buscan establecer con las explicaciones del ministro de Gobernación, Carlos Vielmann, las causas por las que la Policía procedió de manera tan violenta en contra de los campesinos que invadían la propiedad.

También quieren que el ombudsman Sergio Morales rinda un informe sobre los supuestos abusos cometidos por las autoridades, que van desde torturas, ejecuciones extrajudiciales hasta desapariciones forzadas.

Dirigentes de los campesinos guatemaltecos denunciaron la presunta desaparición de unos 40 labriegos, tras el desalojo violento.

Uno de los dirigentes del Comité de Unidad Campesina, Daniel Pascual, dijo a la AFP que ellos temen que algunos desaparecidos hayan sido ejecutados, por lo que solicitaron a la Procuraduría de los Derechos Humanos acompañar las denuncias interpuestas.

Los líderes interpusieron varios recursos de exhibición personal ante los tribunales, a fin de que les muestren a los detenidos para comprobar su estado físico, puntualizó Pascual.

El diputado y general retirado Otto Pérez Molina, del partido Patriota de la oposición, expresó que “queremos escuchar de la voz de ellos un informe de los sucesos que se dieron el día del desalojo… tenemos información de señalamientos gravísimos que se están haciendo” contra las fuerzas policiales.

Vielmann al llegar al Congreso ofreció breves declaraciones en las que negó los excesos de los que organizaciones campesinas acusan a la Policía, que asegura actuó en respuesta al ataque originado de los invasores de la propiedad.

El legislador independiente Otto Cabrera manifestó que “queremos un diálogo que aclare y asegure que no volverán a ocurrir desaciertos… en la delicada función en cuanto a los desalojos de propiedades privadas”.

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