Suben parada a Bolaños

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Suben parada a Bolaños

	Magistrados advierten con suspender en su profesión al Procurador General de la República si investiga resoluciones de la CSJ
	Quiñónez llama “bujoncito de barrio” a Presidente y amenazó con armar a la militancia del PLC si Ejecutivo interviene con el Ejército

Mirna Velásquez Sevilla, José Adán Silva, María José Uriarte R. y Luis Felipe Palacios

Los magistrados miembros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Tribunales de Apelaciones y jueces de Managua reaccionaron preocupados por las instrucciones dadas por el presidente Enrique Bolaños al Procurador General Alberto Novoa para que se investiguen los fallos cuestionados y que podrían desprender acusaciones.

También los políticos reaccionaron a algunas de las medidas que el mandatario anunció que tomaría para lo que él llamó “garantizar la Constitución y las leyes del país”, en particular, la de usar sus facultades como Jefe Supremo del Ejército. Mientras Enrique Quiñónez, jefe de la bancada liberal en la Asamblea Nacional, llamó por ello “bujoncito de barrio” a Bolaños, el Frente Sandinista dijo que el presidente “irrespeta a los poderes” del Estado.

La presidenta de la CSJ, Yadira Centeno, defendió la independencia de ese poder frente al Ejecutivo y comunicó que ya fueron convocados a reunión de Corte Plena para abordar el tema el lunes próximo.

“Esta es una cosa muy delicada porque nosotros creemos que esto es inconstitucional” (…). Nosotros queremos el diálogo, estamos por volver otra vez a sentarnos con él (Bolaños) para revisar la Ley de Carrera Judicial”, refirió Centeno.

La magistrada informó que durante un reciente encuentro con el presidente, le manifestó e hizo hincapié que a los miembros del Poder Judicial no les gusta la manera en que él se refiere respecto a ellos y recordó que los comparó con el contaminado Lago de Managua.

El magistrado Francisco Rosales, por su parte, indicó que el Procurador es el representante legal del Estado, pero no tiene las funciones que el presidente pretende conferirle.

“En todo caso, quien tiene (las facultades) sería el Fiscal para investigar cualquier cosa, pero no el Procurador General de la República”, insistió.

“Nosotros tenemos en este momento, evidentemente una situación muy importante, puesto que podemos cambiar el Poder Judicial y verdaderamente llegar a obtener su independencia. Lo que ha sucedido es que los líderes políticos nos han trasladado sus conflictos aquí a la Corte y quieren resolver todos sus problemas de tipo jurídico, incluso en determinado momento como si fuera político”, añadió Rosales.

“LE ECHARÍAN” LA DISCIPLINARIA A NOVOA

Guillermo Selva, magistrado, expuso que estos asuntos no contribuyen a la estabilidad y gobernabilidad del país. Mencionó que la ley obliga al Ejecutivo a ayudar al Poder Judicial a que las sentencias se cumplan.

Selva advirtió al Procurador General de la República, Alberto Novoa, que si acata la orden presidencial, corre el riesgo de que sea suspendido como abogado.

“Antes de todo, (el procurador) es abogado y notario y sabiendo (es) doblemente responsable porque es un profesional del Derecho que está violando la Constitución, no habrá más alternativa para la Comisión Disciplinaria que suspenderlo, si llega el caso y se llega a violar la Constitución”, indicó Selva.

Por su parte, el procurador Novoa escueto y sereno, defendió el derecho del Estado a fiscalizar las acciones de sus funcionarios en el ejercicio del servicio público, “para evitar malas interpretaciones o entrar en conflictos innecesarios”.

“Se ha querido mal interpretar el anuncio del Ejecutivo. Aquí no se trata de una investigación policíaca que se involucre en la vida privada o en la intimidad de las personas, se trata de investigar las sentencias, de analizar los fallos y determinar si afectan o no los intereses del Estado. Nosotros somos por Derecho Constitucional, los defensores de los intereses de la Nación y, como tales, estamos no sólo en la necesidad, sino también en la obligación de defendernos de actos que lesionen al Estado”, dijo Novoa.

QUIÑÓNEZ AMENAZADOR

Por su parte, el jefe de la bancada liberal, Enrique Quiñónez, dijo que en el “hipotético caso” que al presidente Enrique Bolaños se le ocurriera intervenir con el Ejército, a como lo expresó el pasado miércoles en su discurso, no dudarían en unirse al Frente Sandinista para contrarrestar esa acción, armando si es preciso a miles de militantes con lo que sea necesario, incluyendo palos y armas.

Le recomendó al presidente Bolaños que en vez de seguir creando zozobra, busque respaldo político para poder amenazar, ya que si cree que lo tiene con el Apre, está equivocado, porque la realidad es que el poder político lo tiene el que cuenta con 56 votos en la Asamblea Nacional.

“Mientras aquí, en la Asamblea, no nos pongamos de acuerdo las dos fuerzas que sumamos 82 votos en el plenario, que creamos que podemos con el Ejecutivo llegar a un acuerdo nacional, aquí en este país no se va a mover absolutamente nada”, advirtió Quiñónez.

Manifestó que la actitud del presidente Bolaños, en su discurso, fue contradictoria porque en ciertos momentos pareció bajar la cabeza, pero al final se mostró como “bujoncito de barrio”.

«NO HABLE, ACTUE»

Agregó que el presidente bolaños debe estar claro de que en nicaragua no se puede amenazar “bajo el peso de la lengua”, instándolo a ser responsable con ese tipo de declaraciones, porque lo que causa es inestabilidad y, en todo caso, las acciones que vaya a impulsar que no las diga, sino que actúe.

“es una respuesta, yo le aseguro que ni al frente sandinista, ni al plc, que somos las dos fuerzas mayoritarias en este país, nos vamos a quedar de brazos cruzados, y usted va a ver comandar, se podría decir tropas de civiles, o de paramilitares, o como usted le quiera llamar conjuntamente al plc y al frente sandinista”.

“pero no podemos nosotros permitir, ni vamos a permitir que se rompa el derecho constitucional del país, no es porque bolaños dice que él puede intervenir los diferentes Poderes del Estado, no existe ningún presidente que tenga cuatro dedos de frente que amenace”, señaló Quiñónez.

El jefe de la bancada liberal asegura que si al presidente Bolaños se le ocurriera tomar esa decisión “descabellada”, en pocas horas estaría en el exilio o detenido.

FSLN: «BOLAÑOS IRRESPETA A PODERES»

El Frente Sandinista (FSLN) reaccionó ayer airado al mensaje del presidente Enrique Bolaños, por haber advertido que no vacilará en hacer uso de sus facultades como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, para hacer respetar las leyes si se pretende atentar contra la democracia y la gobernabilidad del país.

“Es un discurso que irrespeta a los otros poderes del Estado. No recoge el sentir de la población ni de las otras instituciones del país. Es un discurso confrontativo, que amedrenta a los demás”, comentó José Figueroa, secretario político del FSLN.

“Aquí, ningún nicaragüense que tenga un poquito de dignidad, le va a aceptar ese tipo de amenaza el Presidente de la República”, apuntó.

Observó que el tiempo de las amenazas es historia pasada y para eso se hizo una revolución en Nicaragua, para crear instituciones, Estado de Derecho, y capacidad para dialogar a través de las instituciones políticas.

“Aquí todo tipo de acuerdo, arreglo, o soluciones, tiene que ser a través de ese marco jurídico, político y democrático que se ha creado en Nicaragua”, sugirió.

“No vale aquí las amenazas como en los tiempones de Somoza. Lo que vale hoy día son las posibilidades de encontrar soluciones por la vía del diálogo, por la vía institucional. Ese es el camino que deben seguir los nicaragüenses”, instó.

Figueroa aseguró que el FSLN siempre ha estado dispuesto a un diálogo y “a contribuir constructivamente en la solución de los problemas del país” e indicó que éste puede abarcar reformas a las instituciones del Estado, incluso la despartidarización de los Poderes del Estado.

FISCALIZAR A JUECES

“¿Son los jueces y demás funcionarios del sistema judicial ajenos a las leyes? Es cierto que tienen independencia institucionalizada por ser otro poder del Estado, pero eso ¿los excluye de ser funcionarios públicos? No señor, los jueces son funcionarios públicos y como tales ejercen una función pública que debe ser fiscalizada”, apuntó ayer el Procurador General de la República, Alberto Novoa, sobre la decisión presidencial de analizar algunas resoluciones del Poder Judicial que han sido controversiales.