Aleida Vanegas
El pasado 27 de julio ocurrió un hecho insólito y vergonzoso para la Policía Nacional, que desmiente el lema “con profesionalismo y legalidad fortaleceremos la seguridad”.
Sucedió que a escasos 150 metros de distancia de la Estación Cinco de la Policía Nacional, en Managua, donde está el terreno 54,048 de la empresa Printex S.A., algunas personas destrozaron el cerco que el doctor Francisco Naranjo, nombrado por el Juzgado Segundo Local Civil de Managua como depositario de dicha propiedad, mandó a levantar porque los señores de Faganic decidieron fragmentar construyendo casetas y derribando árboles de zonas verdes sin permiso de Marena.
Los señores de Faganic contrataron más personas y el 30 de julio supervisaron como destruían el cerco. La Policía del Distrito Cinco desatendió el llamado de auxilio ante la destrucción de un bien ajeno y el atropello a una obligación de ley. Nunca apareció un oficial para atender el caso. El mismo asesor legal del depositario fue a la Estación Cinco y cuando la patrulla se disponía a partir, recibió una orden superior que le impidió cumplir con la defensa de los derechos ciudadanos y obligación judicial del depositario.
Para mantener el Estado de Derecho la Policía está obligada a servir a la ciudadanía y a respetar sus derechos con profesionalismo y legalidad como lo rezan en su lema, pero pudieron más las artimañas que el juramento que hicieron ante Dios y el pabellón nacional.
Como inversionistas extranjeros nos cuestionamos para qué sigue la comunidad internacional cayendo en la trampa de desperdiciar sus recursos en un país donde la ley es una ilusión plasmada en el papel y la decisión del Poder Judicial no es respaldada por las instituciones que deberían encargarse de ello.
La acompañan dos firmas más.
