Carlos AlbertoCerda Gaitán*
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Hay que complementar la reforma procesal
Carlos AlbertoCerda Gaitán*
Nicaragua, igual que el resto de países de la región, ha cambiado la legislación relativa al procedimiento penal. Se sustituyó el sistema inquisitivo por el acusatorio. El Código Procesal Penal es una legislación acorde a nuestro tiempo, pensado y diseñado para una sociedad democrática.
El juicio oral y público es la antítesis del procedimiento inquisitivo basado en la escritura y la secretividad, propio de un sistema que reduce al mínimo las libertades de las personas y que propicia espacios de poder y corrupción. Observancia absoluta a los principios de legalidad, inocencia, dignidad humana, defensa, proporcionalidad, única persecución, intervención de la víctima, juez natural, oportunidad, libertad probatoria, licitud de la prueba, es evidente en el contenido de la nueva legislación procesal penal. Cada artículo es compatible con la Constitución y con los instrumentos internacionales de derechos humanos. No hay artículo que las contradiga, por el contrario, hace posible el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales.
El cambio de esta legislación es un paso importante en el proceso de modernización de la justicia penal nicaragüense, pero no debe ser el único. Es impensable considerar que la nueva ley cambiará automáticamente la cultura inquisitiva con la que nacimos y nos formamos. El cambio de ley implica un cambio de cultura de los involucrados en el servicio de justicia y toda la sociedad, tarea nada fácil, ni breve, ni exclusiva del campo del Derecho. En este campo, en la formación de una nueva cultura no hemos avanzado mucho. La aplicación de la prisión preventiva, como acto coercitivo del proceso penal, según datos estadísticos, suele ser la regla y no la excepción como lo dispone el Código Procesal Penal. Se pretende utilizar una medida limitativa de la libertad, instrumental del procedimiento penal, como medio de prevención del delito o como pena anticipada. Manifestación evidente de la presencia de la cultura inquisitiva.
La interpretación literal y mecánica de los artículos aislándolos del contexto, práctica propia del sistema derogado, motiva a algunos operadores del sector justicia a tomar decisiones que chocan de manera frontal con los principios del sistema acusatorio. La pretensión de los ciudadanos, aunada por el “asesoramiento” de abogados que no identifican su labor con el servicio justicia, de querer resolver todos los conflictos y controversias, muchos de ellos irrelevantes para el Derecho Penal, mediante el proceso penal, provocan que los casos chicos distraigan los recursos del Estado para hacer frente a los actos delictivos que lesionan bienes jurídicos importantes para la convivencia en sociedad. Se margina, de esa manera, las formas alternas de resolución de conflictos, fundamentalmente la mediación, valiosa institución que promueve el diálogo y que permite el descongestionamiento de la administración de justicia.
El problema no es la ley. La esencia de la situación está en la falta de una cultura basada en el respeto a los derechos humanos, cuya formación debe ser promovida por todos los entes transmisores de conocimientos: la familia, la escuela, la universidad, la sociedad civil organizada, etc. Oportunas y sabias son las palabras de Jostein Gaarder quien, en su novela sobre la historia de la filosofía, expresa: “En Atenas se iba desarrollando una democracia con asamblea popular y tribunales de justicia. Una condición previa de la democracia era que el pueblo recibiera la enseñanza necesaria para poder participar en el proceso de democratización. También en nuestros días sabemos que una joven democracia requiere que el pueblo reciba una buena enseñanza”.
Un joven y moderno Código Procesal Penal requiere que la sociedad en su totalidad reciba una educación, continuada y permanente, sobre los valores y principios que los inspiran, los propios de un sistema republicano. Fernando Savater, destacado intelectual español, refiriéndose a la educación, manifestó: “La educación es el elemento progresista con capacidad de romper con la fatalidad social e inventar algo nuevo”. Démosnos la oportunidad de romper con el ciclo de la cultura inquisitiva. Que la nueva generación sea formada con nuevas actitudes, que los profesionales del Derecho den vida y sentido a las leyes. Que los jueces sean conscientes de que su labor es una de las más trascendentales e importantes en una democracia.
Hay que complementar el esfuerzo legislativo con la formación de una cultura de respeto a los derechos humanos. Y que Nicaragua continúe caminando.
* El autor es egresado de la Facultad de Derecho de la UCA.
