- Hay 37 reos a la espera de ser ejecutados, pero todos ignoran su destino
- La polémica se desató por la aprehensión de políticos
Lorena Seijo(Agencias)
El primero en cumplir la pena de muerte en Guatemala por aplicación de inyección letal fue Manuel Martínez. Los últimos ejecutados fueron Luis Amílcar Cetino y Tomás Cerrate, en el 2000, por el secuestro y asesinato de Isabel de Botrán.
En el país se registran tres mil asesinatos al año y decenas de secuestros que inciden para que los guatemaltecos pidan el cumplimiento de esa pena. Sondeos radiofónicos indican que la mayoría de la población está de acuerdo con la ejecución.
La decisión de indultar o no a un reo condenado recaía en el Presidente de la República, hasta que el ex gobernante Alfonso Portillo renunció a ella.
También decidió no firmar ninguna ejecución, pero sin la rúbrica del mandatario no se puede materializar la pena máxima.
DEBATE DE VARIOS SECTORES
Éste es el debate en el que se encuentran las instituciones judiciales y gubernamentales del país, afrontando por primera vez un tema polémico e impopular.
Sin embargo, el debate se desarrolló a propósito de la encarcelación de ex líderes del Gobierno de Portillo, y empresarios privados en Guatemala, lo que generó opiniones divididas.
Dentro del ámbito regional, sólo Guatemala conserva esa condena, y a nivel continental sólo le acompañan Estados Unidos y Cuba.
LOS ÚLTIMOS EJECUTADOS
Las ejecuciones más polémicas se produjeron el 13 de septiembre de 1996. Ese día fueron ejecutados por fusilamiento Roberto Girón y Pedro Castillo, pero al no morir por los disparos del pelotón, uno de los hombres recibió un tiro de gracia.
El fusilamiento fue retransmitido por la televisión abierta que repitió varias veces las escenas, lo cual generó malestar en círculos sociales y políticos. Debido a la violencia de este método se cambió por inyección letal.
Hay 37 reos a la espera de ser ejecutados, pero todos ignoran su destino
ELIMINAR LA PENA CAPITAL
Varias son las soluciones que se plantean en torno a esa condena. La Corte Suprema de Justicia estudia constituir una comisión que se encargue de analizar las peticiones de indulto y que ellos mismos firmen las órdenes de ejecución, para liberar al Presidente de esta responsabilidad.
Entre los civiles también hay iniciativas. «Nosotros sabemos que esta decisión es política, pues la ineficacia de la pena capital para rebajar los índices de violencia está demostrada, pero también es cierto que gran parte de la sociedad aboga por ella», afirmó Gerardo Cetina, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, de Guatemala
PROYECTO
La Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh) presentó un proyecto de ley al mandatario Óscar Berger, que propone la abolición de ese castigo. “Si se ejecutara a algún preso quedaríamos mal internacionalmente”, dijo Frank La Rue, director de la comisión.
