Pedro Rafael Gutiérrez Doña
Mientras las autoridades migratorias costarricenses deportaron a 26 mil 500 nicaragüenses en los últimos seis meses, las autoridades nacionales, ayunas de una política exterior bilateral, duermen bajo los laureles.
Tan importante es la política migratoria tica que después de la aprobación del paquete tributario y el Tratado de Libre Comercio, espera con mucha fuerza en la corriente legislativa la nueva ley de migración. La ley contempla de forma explícita la tipificación del “coyotaje”, o tráfico de personas, como un delito, actividad lucrativa concatenada desde funcionarios de migración, “coyotes”, taxistas “piratas” y oficiales de la policía rural, como parte de los eslabones del cohecho aplicado a los nicaragüenses.
Apoyando estas medidas, el Ministro del Trabajo de Costa Rica afirmó la semana pasada que la elaboración de una nueva ley de trabajo iba dirigida a proteger a los trabajadores costarricenses ante el flujo de mano de obra nicaragüense en actividades como cortes de café, trabajos de construcción y la zafra en la caña.
Mientras el gobierno costarricense afila sus armas jurídicas para proteger a sus nacionales ante los problemas causados por las migraciones nicaragüenses, el gobierno de Nicaragua se queda inmóvil, esperando que el aporte que la mano de obra deja a Costa Rica se vea interrumpido, de igual manera el beneficio que obtienen los familiares en este país.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, como responsable de regular y solucionar este serio problema, debe dejar a un lado las comisiones y recomendaciones parlamentarias y asumir la tarea proactiva de evitar que la crisis que vive el país no se vea incrementada por las deportaciones.
