- Magistrados revisan expedientes
de estos dos bancos y aseguran que los devolverán si encuentran que el Gobierno los liquidó anómalamente - De darse estas nuevas resoluciones, la SIB considera que le quitarían facultades para velar por depósitos de los ahorrantes
Mirna Velásquez Sevilla,Amparo Aguilera y Gustavo Ortega
La sorpresiva sentencia que los magistrados de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dictaron a favor de la devolución del Banco Europeo Centroamericano (BECA), estaría seguida de dos sentencias más, referidas a las quiebras del Banco del Café (Bancafé) y Banco Sur.
La magistrada Ligia Molina Argüello, presidenta de la Sala, informó que ambos expedientes ya están circulando entre los magistrados miembros, para ser analizados y, luego, dictar una sentencia.
“Andan circulando, pero mientras no se sometan a discusión en la Sala, no se puede decir que hay votos de ningún tipo. Los expedientes circulan y cada magistrado expone su criterio y, luego, nos reunimos en la Sala y ahí se toma la decisión”, indicó.
Banco Sur fue intervenido por el Estado en 1999, y en diciembre del 2000 fue declarado en quiebra el Banco del Café. Desde entonces se iniciaron juicios que agotaron todas las instancias y durante años “dormían” en la Secretaría de la CSJ. La decisión de poner en agenda las sentencias de ambos bancos coincide con la reciente sentencia que declaró nulo todo lo actuado en el juicio del BECA y que ordena devolverlo a su propietario, Álvaro Robelo.
La magistrada Molina expresó que a partir que ella asumió el cargo de presidenta de esa Sala, se están distribuyendo los casos de acuerdo con la fecha de ingreso de los expedientes.
“Esos expedientes, del Banco Sur (y Bancafé), están en circulación; pero no han sido discutidos. Lo que pasa es que cada magistrado se toma el tiempo que estima necesario para hacer el estudio y hacer circular el expediente”, expuso.
“No existe ninguna política en este sentido, de (analizar en este momento los casos de) los bancos, que no sea la de agilizar los expedientes que tienen años de estar radicados en la Secretaría, listos para sentencia”, agregó Molina.
El magistrado Rafael Solís dijo que si en el análisis de ambos casos se constata que no se procedió correctamente, la Corte debe pronunciarse en el marco de la legalidad, del procedimiento de quiebra de los bancos, en clara alusión a una sentencia favorable a los demandantes.
Aunque en los pasillos de la Corte se habla que ya hay cuatro votos disponibles para dictar ambas sentencias favorables, la magistrada Molina expresó que en este momento no es preciso decir si se está a favor o en contra un expediente que anda en estudio.
La presidenta de la CSJ, Yadira Centeno, dijo desconocer que estos casos estén cerca de ser estudiados.
Cabe destacar que la magistrada Molina se excusó de conocer los casos en cuestión, porque durante el tiempo que trabajó en los Tribunales de Apelaciones, los tramitó. Será el magistrado sandinista Marvin Aguilar, quien asumirá el lugar de Molina.
SIB ESTÁ ENTERADA
Al respecto, el titular de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (SIB), Alfonso Llanes, dijo estar enterado de la situación sobre Banco Sur y Bancafé. “Lo que me preocupa ahí es que eso debilita la supervisión en el sentido de que existen leyes que son especiales para la banca y a mí me gustaría que exista una definición de parte de la Corte Suprema de Justicia, si estas leyes valen o no valen”.
Las leyes a las que hace alusión es a la Ley General de Bancos y la Ley Orgánica de la SIB, ambas vigentes desde octubre de 1999.
“Si eso no se respeta, que la Corte me explique a mí qué es lo que se debe respetar”, agregó.
Llanes indicó que las intervenciones y liquidaciones que se han hecho en los últimos años, a su juicio han sido justas. “Se dieron en el momento que se tenían que dar, por falta de liquidez unas, por falta de capital social en otras, por fraudes… el Superintendente de Bancos anterior actuó de manera correcta, porque se lo facultaban las leyes”.
Reiteró que de darse estas nuevas resoluciones, se le quitarían las facultades a la SIB para actuar en momentos críticos, pues se está violando el principio de velar por los depósitos de los ahorrantes.
CONTRIBUYENTES PAGARÍAN POR BECA
Por otro lado, Llanes dijo que en el caso de la sentencia emitida por la CSJ el martes, donde declara nulo sobre lo actuado en relación a la intervención del Banco Europeo Centroamericano (BECA) en 1996, recaerá en los bolsillos de los contribuyentes, aunque no supo detallar la cuantía del caso.
“Hemos mandado a pedir a la Corte Suprema que nos aclare cómo se tiene que cumplir esa sentencia, porque se extiende un poco más del amparo del doctor (Álvaro) Robelo (ex propietario del BECA)… yo mandé un escrito aclaratorio y me tienen que decir cuánto valía el banco, porque la sentencia no lo dice”.
Llanes estimó que en el caso de rescindirle algún tipo de pago a Robelo, será de fondos del erario, “entiendo que será el Estado que tiene que remunerar al señor Robelo y entiendo que él tiene que ir a juicio”.
Estas apreciaciones se soportan en base al artículo 131 de la Constitución Política, que establece la responsabilidad del Estado cuando los funcionarios públicos provoquen perjuicios a terceros, aspecto que supuestamente alude Robelo en la sentencia emitida por la Corte Suprema.
Robelo, ex propietario del banco en mención, afirmó que el BECA contaba con buen capital.
“Pero no les voy a dar la piedra a los invasores (SIB, Gobierno y Bancentro) no voy a adelantar nada, ni cifras ni las acciones jurídicas que podríamos emprender”, recalcó.
No obstante, dejó entrever que están dispuestos a negociar. “Nosotros no estamos buscando ni pidiendo una negociación, que quede claro, pero si el invasor nos llama, como gente civilizada que somos, vamos a ver bajo que condiciones vamos a negociar o una tregua o una paz”, adelantó.
En este sentido Allan Zambrana, apoderado legal del ex banquero, precisó que establecerán esta semana como tiempo límite para una eventual negociación.
“Si no se da, entonces la próxima semana vamos a efectuar la demanda, contra el Estado, a través de la SIB, y los deudores solidarios. Nosotros ya estamos preparados”, garantizó.
El Procurador General de la República, Víctor Manuel Talavera, dijo ayer a una agencia de noticias que la resolución a favor del Banco Europeo de Centroamérica S.A. (BECA), así como la posterior emisión de sentencias que liberan de cargos a altos ex funcionarios acusados de corrupción en el pasado gobierno de Arnoldo Alemán, son resultado de un acuerdo político entre el Partido Liberal Constitucionalista y el Frente Sandinista.
No obstante, Robelo, propietario del BECA, negó rotundamente lo anterior, pues dijo que: “Si la sentencia es política, la hubiera tenido en mis manos a los tres días, a los dos meses, ¡a los dos años! Y no a los ocho años tras la intervención…”, apuntó.
¿CUÁNTO VALÍA EL BECA?
Según los análisis elaborados ayer por el Superintendente de Bancos, Alfonso Llanes, al momento de su intervención, el Banco Europeo Centroamericano (BECA) estaba en quiebra y falto de solvencia.
“Al momento de su intervención el banco tenía 133 millones de córdobas en activos, de los cuales 110 millones eran préstamos (de esos, 20 millones estaban vencidos), en disponibilidad tenía tres millones de córdobas”, explicó.
Agregó que en pasivos tenía 23 millones de córdobas (en depósitos), pero además le debía 56 millones al Banco Central de Nicaragua (BCN) y 36 millones a la Financiera Nicaragüense de Inversiones (FNI), aspectos que afectaron su solvencia.
Además, señaló que el banco no tenía ningún valor porque tenía un capital negativo. “Llegó a tener un capital negativo de 700 mil dólares al momento de la liquidación”, agregó.
