Marcela Sánchez
El pasado 27 de mayo un hondureño identificó a un presunto terrorista de Al Qaeda, Adnan G. El Shukrijumah, en un café de Internet en Tegucigalpa. El propietario del café lo reconoció de fotografías publicadas en la prensa local un día después que el FBI emitió una alerta internacional por El Shukrijumah y otros seis individuos a quienes presentaron como “peligro real y presente” para Estados Unidos.
El propietario del café contactó a las autoridades locales pero lo que sucedió con “Jafar el Piloto”, el presunto terrorista que ha sido comparado por autoridades policiales estadounidenses con Mohamed Atta, el cabecilla en los ataques del 11 de septiembre, sigue siendo un misterio.
El vocero del Ministerio de Seguridad hondureño, Leonel Sauceda, dijo en una entrevista que las autoridades hondureñas estuvieron inicialmente confiadas de que capturarían al sospechoso en Honduras. Pero después de que una búsqueda de un mes demostró ser infructuosa, decidieron sólo la semana pasada alertar a los países vecinos –un retraso que ha confundido a autoridades policiales vecinas.
El incidente sugiere que potenciales terroristas podrían estar usando los vecinos centroamericanos de Estados Unidos como refugio. Y, tristemente, la demora en compartir la información demuestra también que, a pesar de iniciativas al respecto, esfuerzos antiterroristas a nivel regional todavía carecen de buena coordinación y eficacia.
Mientras El Shukrijumah aparentemente se ha esfumado, terroristas en potencia parecen haber descubierto lo que otros elementos criminales han aprovechado en Centroamérica desde el fin de la Guerra Fría –instituciones públicas débiles y a menudo corruptas, fuerzas policiales limitadas y mal pagas y una pobreza generalizada–. Para criminales que trafican hacia el Norte con drogas o personas y hacia el Sur con armas y dinero, hay pocos lugares que sean más convenientes que América Central.
En 1995 líderes centroamericanos se comprometieron con una nueva visión de seguridad regional que promete cambiar prioridades y fondos hasta entonces concentrados en fuerzas armadas convencionales destinadas a conflictos tradicionales. Pero se requirió el compromiso de Washington, después del 11 de septiembre, para que dicha promesa dejara de ser simple letra muerta.
Como el subsecretario asistente para Asuntos del Hemisferio Occidental, Daniel W. Fisk, lo describió hace un año, la necesidad es urgente de transformar las viejas instituciones de seguridad en “entidades profesionales más ágiles, potentes y mejor entrenadas”, para de ese modo enfrentar mejor las amenazas de hoy.
Dicha transición, no obstante, está avanzando lentamente. Hace dos meses Nicaragua dio el primer paso firme hacia lo que se conoce como un “balance razonable” de fuerzas militares en la región, al destruir 333 de sus más de 2000 misiles rusos tierra-aire que le quedaron de la guerra civil de los 80. Y promete destruir 300 más en el curso del mes. La semana pasada, Guatemala redujo sus fuerzas armadas en casi una tercera parte, alcanzando niveles comparables con los de sus vecinos.
Honduras, por su parte, todavía mantiene aviones de caza F-5 adquiridos de Estados Unidos en los 80. Dicho equipo militar parece ahora ciertamente ineficaz en la lucha contra un enemigo que se puede sentar tranquilamente en un café de la capital hondureña. Entre tanto su Ministerio de Seguridad, según Sauceda, maneja un presupuesto de US$60 millones de dólares, menos de dos terceras martes del presupuesto militar de Honduras.
Mientras tanto Washington ha multiplicado por cuatro su asistencia militar desde el 2001. La aparente contradicción de apoyar una transición que se aleje de las fuerzas convencionales pero continúe proporcionando fondos para dichas fuerzas es el resultado directo de una ley estadounidense que actualmente prohíbe que se destine a la policía la mayor parte de la asistencia de seguridad.
Muchos funcionarios estadounidenses están de acuerdo en que las fuerzas policiales encajarían mejor en la lucha contra el crimen y el mantenimiento de la seguridad. Yeso no es sólo por la naturaleza misma del trabajo, sino particularmente por el legado de abusos y desconfianza que las fuerzas militares dejaron en la población de Centroamérica hace apenas dos décadas.
Curiosamente fueron abusos similares de la policía en el pasado los que llevaron a las actuales restricciones. Washington se encuentra en una encrucijada: reconoce que es preciso ser parte de la reforma a la seguridad centroamericana pero se encuentra forzado a hacerlo principalmente a través de asistencia militar convencional. Es hora de permitir un nuevo y claro acercamiento a las fuerzas policiales.
Aunque todavía parece poco claro por qué las autoridades hondureñas, que supuestamente trabajaron muy de cerca con funcionarios estadounidenses, fallaron en notificar a las autoridades regionales sobre la presencia de El Shukrijumah en Centroamérica, la lección de su desaparición debiera ser evidente. Centroamérica, con la ayuda de Washington, debe continuar la transformación de su seguridad –y aprender desde ahora que, en el siglo 21, los vecinos son compañeros en la seguridad regional y no los potenciales enemigos que fueron en el pasado.
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