María José Uriarte R.
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CSE pide a Policía investigue faltante de formatos de cédula
María José Uriarte R.
Los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) resolvieron presentar a través del secretario general de ese Poder del Estado, una denuncia ante la Policía Nacional para que se investigue el “supuesto” faltante de 9,313 formatos de solicitud de cédula, reflejados en una auditoría preliminar.
La denuncia se extenderá para que se indague cómo se sustrajo el documento que contenía la auditoría preliminar, que le fuera entregado a la fiscal electoral Blanca Salgado, quien procedió basada en el mismo a notificar de la situación a los magistrados electorales para que subsanaran esa anomalía.
“Como magistrado de este Poder del Estado y como funcionario público soy consciente y creo que a todos los documentos del Estado deberían tener acceso todos los ciudadanos en general, lo que no admitimos nosotros es que un documento preliminar, que no es conclusivo, haya llegado a manos de la fiscal electoral y que ella, inclusive, lo haya utilizado de la manera que no le corresponde, porque parece que se ha extralimitado en sus funciones como tal”, expresó el presidente del CSE, Roberto Rivas.
¿ACTO REVANCHISTA?
Fuentes del Poder Electoral consideran que la filtración del documento interno de auditoría es una revancha por el despido de tres técnicos de cedulación el pasado 21 de junio, los que tenían como misión cedular en un municipio de Matagalpa, donde no se descarta que utilizarían los talones extraviados, esto aparentemente por orientaciones políticas, en lo que estaría involucrado un diputado liberal.
El magistrado Rivas, al consultársele sobre el despido de los tres funcionarios, uno de ellos de nombre Alexis Salgado, se limitó a decir que fue una “simple” medida administrativa, para evidenciar que no permitirán irregularidades, aunque no especificó de qué tipo.
Fuentes sindicales del CSE señalaron que existe inconformidad por el despido de los tres técnicos, ya que alegan que ellos sólo cumplían orientaciones de superiores, entre los que se mencionan al director administrativo financiero interino Pedro Navarrete y el propio director de Cedulación, Dionisio Palacios.
Son del criterio, que debe sancionarse a los funcionarios de mayor rango, los que a su vez, presumen, reciben orientaciones de magistrados liberales, ya que existen comunicaciones internas, donde Palacios orienta la entrega de viáticos, transporte, combustible para los técnicos, comunicación que supuestamente tenía el visto bueno de la presidencia del Poder Electoral.
Sin embargo, señalan que el recibido de la comunicación no es de la oficina de Rivas, y que los magistrados presidente y vicepresidente, no tenían conocimiento de ese viaje, por lo que al enterarse fueron retenidos en Sébaco y regresados a Managua.
Navarrete negó que esté involucrado, porque ni siquiera firmó el cheque de viáticos establecido en 11 mil córdobas, y Palacios ha optado por no responder las llamadas telefónicas; el director de Cedulación, Dionisio Palacios, tiene vínculos familiares con el magistrado Silvio Calderón.