Roman, Times, serif»>
Un parlamentarismo no declarado
El proyecto de creación de una Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep), cuya iniciativa de ley está a punto de ser discutido y aprobado por la Asamblea Nacional, ha suscitado un enfrentamiento político entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Se argumenta de parte del Gobierno que la intención de esta ley no es otra que la de someter los servicios públicos a los intereses partidarios de las fuerzas políticas hegemónicas, lo que hará de esta entidad y de las dependencias que la compongan, un sujeto sometido a los vaivenes del juego de los partidos y en manos de sus propias conveniencias.
Por otra parte, algunos diputados han defendido sus razones técnicas, jurídicas y políticas que, desde esa perspectiva, confieren plena legitimidad a la ley. En este lado se argumenta la conveniencia desde el punto de vista técnico de la creación de un órgano con esas características, se defiende la legalidad y legitimidad de la medida en el hecho de que será adoptada por el órgano competente y con una significativa mayoría y, finalmente, se aduce la pertinencia y conveniencia de la misma, pues ella es fruto del acuerdo de las dos fuerzas que recibieron el respaldo popular, esencia de la democracia representativa, en las elecciones pasadas.
Además de los puntos de vista expresados por una y otra parte, los que traslucen la defensa de los intereses correspondientes, se han aducido razones de conveniencia práctica e institucional y se ha respondido al argumento de la politización a que conduce la ley, tanto del órgano como de la función, diciendo que en todo caso los nombramientos actuales realizados por el Ejecutivo son esencialmente políticos, habida cuenta de las características de los actuales responsables, entre cuyas virtudes no resaltan, precisamente, aquéllas que tienen que ver con el dominio técnico, la competencia y la experiencia profesional en ese ramo.
Así las cosas se anuncia el veto del Presidente de la República, a menos que la ley se modifique en el punto en el que se establece la facultad de la Asamblea para elegir a los directivos de la Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep)
Es muy posible que de producirse el veto presidencial, si no es precedido por la respectiva negociación política, esta vez a tres bandas, sería rechazado con una votación sensiblemente mayor a la de la mayoría simple que se requiere.
Independientemente de los argumentos técnicos y de las razones o sinrazones de uno y otro lado, esta situación refleja la crisis subyacente de nuestra realidad política, que se manifiesta, una y otra vez, a través de los hechos concretos, como el presente que estamos analizando.
La debilidad parlamentaria del Gobierno está en el origen de todas estas situaciones políticas y es la causa primaria de la que se desprenden los efectos subsecuentes. Sin un partido político y sin una fuerza política real en el Parlamento, en donde es significativamente minoritaria, la Presidencia de la República tiene, de forma inevitable, que buscar el apoyo de uno de los dos partidos mayoritarios, preferentemente del FSLN, para poder gobernar.
Ese reiterado acercamiento gubernamental al FSLN no impide que éste, en los momentos que considera de su conveniencia, o en aquéllos en que se requiere mayoría calificada que en ningún caso puede obtenerse con la bancada que respalda al Gobierno, se entienda con el PLC sobre puntos que por lo general trascienden a un hecho aislado y puntual pues generalmente van acompañados de otros, formando así un “paquete” de acuerdos cuyos efectos tienen una incidencia más amplia en la vida nacional y van más allá de un solo punto específico de negociación.
De esta manera el FSLN negocia alternativamente con el Gobierno y el PLC, y el Gobierno, por esa razón, tiene una presencia alternativa en las principales decisiones de política nacional que pasan por la Asamblea. En medio de este juego de una de cal y otra de arena y bajo la sombra premonitoria del pacto de 1999 que fue consagrado en la reforma constitucional del 2000, una realidad política ha venido imponiéndose paulatinamente a través de la repartición de cargos en el aparato del Estado, y es una especie de parlamentarismo no declarado aprovechando los espacios que deja el sistema jurídico y constitucional nicaragüense.
