Agustín Jarquín Anaya
Al concluir la gestión del doctor Benjamín Pérez, Procurador de Derechos Humanos, y del licenciado Julián Corrales, Subprocurador, le complace a mi familia y a mí en lo personal felicitarles por el excelente trabajo que realizaron para “coadyuvar al logro de una sociedad más libre y más justa, que posibilite el desarrollo de mejores valores morales y políticos”, en beneficio de todas las personas sin excepción.
En la reforma constitucional de 1995 los diputados demócrata cristianos, junto con otros colegas, incorporaron en la Carta Magna la creación de esa fundamental institución. A ellos y a su quipo de apoyo correspondió estructurarla, darle el profesionalismo, la efectividad y la independencia que hoy la caracteriza como una de las instituciones de más credibilidad de la nación.
En esa noble tarea enfrentaron con paciencia, determinación las incomprensiones de nuestra incipiente democracia y la legendaria costumbre de pretender partidizar o sectarizar las entidades de Estado para el beneficio egoísta particular, en detrimento de la ley. Al respecto es justo recordar cuando tomaron la atípica decisión de auto-rebajarse el salario para enfrentar la presión económica del gobernante, que pretendía manipularles, inconforme por su apego al mandato constitucional y al interés de las mayorías. Posteriormente y aún al final de su mandato, las decisiones del Procurador y Subprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos causaron incomprensiones, cuando, fieles a la ecuanimidad y balance que les caracteriza, no se ajustaron al juicio y criterio de la otra parte.
Yo les agradezco por su entrega con mística y coraje en beneficio de la mejor calidad de vida de la gente. Hago votos para que sus sucesores sigan el ejemplo o, aún mejor, que lo superen.
Secretario General UDC
