Johnny Cajina Guillén
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CGR falla diez años después
Johnny Cajina Guillén
Casi diez años después la Contraloría General de la República (CGR) encontró responsabilidad civil contra tres ex funcionarios del desaparecido Ministerio de Finanzas (Mifin), quienes habrían ocasionado pérdidas al Estado por más de 14 millones de dólares, en concepto de pago de indemnizaciones sin soporte y sobrevaloración de un sinnúmero de propiedades.
La CGR ordenó glosas (multas) por un monto similar al malversado en contra de los ciudadanos Ramiro Balladares Barreto, María Auxiliadora Camacho y Francisco Ampié Hernández, éste último ex director general de la Oficina de Cuantificación e Indemnizaciones del Mifin.
Según los datos ofrecidos por el contralor colegiado Guillermo Argüello Poessy, todos los involucrados fueron funcionarios durante la administración de Violeta Barrios de Chamorro y sus casos fueron remitidos a la Contraloría entre 1993 y 1996.
La mayor de las glosas es por un monto de 98.2 millones de córdobas equivalentes al US$13 millones al cambio oficial de la época y está dirigida contra Ramiro Balladares Barreto, quien también fue implicado en otros casos.
Balladares Barreto también deberá responder por otra glosa de 1.4 millones de córdobas y una adicional por seis millones de córdobas equivalentes a 885 mil dólares de la época.
La CGR también confirmó glosas por 234 mil córdobas en contra de María Auxiliadora Camacho y el ciudadano Balladares Barreto, quien junto al ex director general de la Oficina de Cuantificación e Indemnizaciones, Francisco Ampié Hernández, también recibió una última multa por 37 mil dólares.
El contralor Argüello Poessy aclaró que en ninguno de los casos se hizo referencia al ex ministro de Finanzas, Emilio Pereira, porque éste recurrió de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el año 2000 y a la fecha no se ha resuelto su situación.
De momento, la CGR remitirá los casos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que se proceda con el cobro de las glosas, no obstante, el contralor Argüello Poessy dijo que su institución no tenía idea del paradero de todos los involucrados.
Recientemente, el contralor colegiado Luis Ángel Montenegro propuso a la Asamblea Nacional, hacer reformas a la Ley Orgánica de la CGR para incluir sanciones penales para quienes se nieguen a pagar las glosas. Asimismo, acusó a la Procuraduría General de la República de no cobrar las multas impuestas a funcionarios del actual Gobierno y ex funcionarios de gobiernos anteriores.
