Protección legal a programas informáticos es casi desconocida

Los programadores de sistemas son aquellos ingenieros en computación que adquieren el conocimiento para crear un programa que sirve para ejecutar operaciones, algunos los crean y ejercitan, otros sólo hacen una de esas funciones.

En Nicaragua la mayoría de los programadores son solamente ejecutores, no creadores o inventores, debido a que los costos de ingeniar son muy altos, tanto por la infraestructura necesaria (equipos electrónicos, material didáctico o informativo, conocimiento), como por el tiempo requerido para diseñar un paquete sea cual sea la utilidad que se le vaya a dar. Entre más complejo es lo que se quiere operar, así será de dificultoso crear para que finalmente su ejecución sea muy simple.

Pero el otro aspecto a considerar en este ámbito profesional es el marco regulador de protección contra la piratería y las posibilidades reales de hacer los registros pertinentes a fin de evitar daños a los autores o inventores.

Ambrosia Lezama, titular de la Dirección de Registro de Propiedad Intelectual del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), explicó que en efecto existen una serie de software (programas de computación), que han sido reconocidos legalmente en esas oficinas.

“En Nicaragua no tenemos muchos registros de derechos de autor, porque el ámbito creativo no es muy amplio en el país”, indicó.

Sin embargo, hay algunos aspectos que son desconocidos para los autores, por ejemplo, Juan Carlos Pérez, de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli) de la sede de Estelí, junto a un grupo de compañeros creó un software de matemática básica para quinto año de secundaria, cuya intención es fortalecer el conocimiento que el profesor en el aula ha impartido.

El programa de computación fue creado durante un año de trabajo de estos estudiantes de ingeniería en computación y sistemas, donde tuvieron que recurrir a guionistas (recopiladores y redactores de información), luego acudieron al programador (uno de los estudiantes), grabación de sonidos y después la adecuación al sistema para que pueda ser visto, escuchado y manipulado con ayuda del teclado o ratón del computador.

“La universidad tiene pensado entregarlo gratuitamente a algunos centros de educación secundaria, para luego subirlo a la página web (internet) y que se descargue desde allí”, señaló Pérez.

No obstante, como reconocimiento a la elaboración del software, este grupo de estudiantes ha tenido opción a becas, exoneración de algunos pagos que les ayuden durante cursan la licenciatura. Pero, el derecho de este software lo tiene la universidad.

Ambrosia Lezama, explicó al respecto que este tipo de software, según la Ley de Derechos de Autor, le pertenece a la universidad por cuanto ha estado financiando el desarrollo del mismo, no obstante, la casa de estudios debe reconocer la autoría de los estudiantes “es un derecho moral” que debe legalizarse.

Otra situación se presenta cuando ya existe alguna experiencia acumulada y el software ya es parte de la actividad productiva de una empresa.

Claudia Martínez, es una de estas programadoras que trabaja para S Consultores, una empresa creadora de software en Nicaragua desde hace cinco años y que oferta a las empresas grandes.

Actualmente han desarrollado dos programas, uno en Oracle y otro en Visual Basic (lenguajes informáticos para diseñar un software) que están protegidos contra robo, piratería y bajo la ley de derechos de autor.

Explicó que el procedimiento para documentar el software legalmente llevó sólo un mes, “los dueños consideraron que era necesario hacerlo para evitar que se presenten reclamos por fraude, ya que es posible que exista competencia desleal”.

Algunos de estos programas se han diseñado dependiendo de las necesidades de las empresas, algunas desean que la operación funcione a la vez para varios usuarios, otros quieren algunas limitaciones.

“Nosotros hacemos software empresariales: financiero, industrial y administrativo. Eso ayuda para que las empresas puedan manejar mejor su información, tener reportes, horas laborales, inventarios, ventas, compras y otros”, indicó Martínez.

Así también explicó que las empresas solicitan la creación de un software, en base a las necesidades de control administrativo que desean tener.

Cada vez que surge un tipo de “encargo” así, S Consultores, por ejemplo, entrega a la empresa contratante el “código fuente” sobre el que adquiere derechos, pero tampoco puede venderlo ni tampoco la consultora está facultada para entregarlo a terceros.

“Sin embargo, algunos elementos pueden ser tomados como referencia para otros desarrollos, pero no copiarlos” reiteró.

Para este caso, Ambrosia Lezama, de la oficina de propiedad intelectual, dijo que los contratos entre las empresas son los que deben aclarar a quien pertenece “la totalidad del bien material”, en ese sentido es requisito textualizar la exclusividad o licenciamiento sobre el mismo, de tal manera que el primero impide la venta, transferencia u otra forma de movilidad del producto, en tanto el segundo sí admite que pueda ser utilizado en otra empresa en iguales condiciones.

Precisamente, por esa cantidad de detalles de la ley que no se conocen, amplió Lezama, es que ellos tienen un convenio con las universidades de divulgación para que muchas de las creaciones que allí se generen sean patentadas, registradas y reconocidas.

GOBIERNO AVANZADO

Guillermo Jacoby, consultor del Programa SIGFA del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, señaló que quienes desarrollen software lo deben hacer partiendo de una necesidad existente y no porque sí. Debe existir una demanda para luego hacer la oferta.

Por otro lado, consideró vital estipular que el software creado y por adquirir está protegido por las leyes, de tal manera que no sea posible “piratear” el conocimiento introducido en ese programa.

A jucio de Jacoby, en el país existe protección legal, pero deben desarrollarse mecanismos que cumplan con ese marco jurídico. Además si se puede hacer la denuncia hay que practicarla para dar orden en la sociedad.

Mientras, el Estado nicaragüense “puede ser uno de los más avanzados en América Latina, en términos de tecnología, con orientaciones aplicadas al internet.

Pero la empresa privada no está muy avanzada, sostiene Jacoby, fundamentalmente la pequeña y mediana empresa, además de carecer de una política de fomento en ese sentido.

Es un obstáculo cultural, indicó, porque el empresario nicaragüense no da valor agregado a la administración y control de sus negocios, además de utilizar la tecnología para la promoción de sus estrategias empresariales para ser más competitivos como sucede con Costa Rica.