- El caso de las tierras robadas al oeste de la Cuesta del Plomo se ha vuelto un rompecabezas para la Policía que no ha podido resolverlo
Jorge Loáisiga Mayorga
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Barahona fue desheredada
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El caso de las tierras robadas al oeste de la Cuesta del Plomo se ha vuelto un rompecabezas para la Policía que no ha podido resolverlo |
Jorge Loáisiga Mayorga
Yelba Isabel Barahona, quien enjuició a un muerto en supuesta representación de su difunto padre Julio César Barahona Ruiz, para apropiarse de propiedades del Estado y particulares, al oeste de la Cuesta del Plomo, fue desheredada por su progenitor, según lo confirma el testamento de éste.
LA PRENSA tuvo acceso al documento y comprobó que al testar, Barahona Ruiz expresó su voluntad de anular un anterior testamento, “y también dejar sin herencia a su hija Yelba Isabel Barahona Venerio, por haber cometido faltas graves, de irrespeto para con él”, dice textualmente la parte final de la cláusula séptima del mencionado testamento.
La escritura de “testamento abierto”, fue suscrita en Managua, a las once de la mañana del 29 de noviembre de 1975, ante los oficios notariales del doctor Ignacio Zelaya Paiz, y sirvieron de testigos los doctores Róger Miranda Gómez, Rafael Córdoba Rivas y Julio Ramón García Vílchez.
Barahona Ruiz nació en Granada el 29 de marzo de 1926, fue un empresario del transporte en Managua en los años setenta. En un primer matrimonio tuvo dos hijos: Julio César y Yelba Isabel Barahona Venerio, y posteriormente contrajo nupcias con Salvadora Eugenia Prado García, con quien procreó cuatro hijos: César Javier, Julio Gustavo, Jorge Luis y Laura Cristina Barahona Prado.
Al momento de testar, Barahona Ruiz tenía 49 años de edad y declaró como los únicos y universales herederos de todos sus bienes, derechos y acciones, a su esposa Salvadora Prado García de Barahona y a sus cuatro hijos, por partes iguales o sea el 20 por ciento de su fortuna.
Asimismo entregó a su hijo Julio César Barahona Venerio, la mitad de una propiedad ubicada en el barrio Rastro Nuevo, así como todos los autobuses y sus respectivos derechos de la Ruta Uno, que eran cinco en total y también tres taxis ruleteros: un Toyota, un Sumbean y un Hillman.
En su testamento Barahona Ruiz nombró como albacea y ejecutor testamentario, confiriéndole las facultades de juez inventariante y partidor, a su esposa Salvadora y en ausencia de ella a la hija de ésta, Cristian Donarie Prado.
En 1980, Barahona Ruiz otorgó un poder generalísimo a favor de Donarie, el cual fue notariado por el abogado Roberto José Ortiz Urbina, para que lo representara en sus asuntos o negocios extrajudiciales y de cualquier otra naturaleza. Ortiz confirmó a LA PRENSA que él libró, en calidad de notario, el mencionado poder a favor de Donarie y negó que haya otorgado poder a Barahona Venerio.
Donarie supuestamente salió del país en los años posteriores a la revolución sandinista, después que se decretara la confiscación de algunos de los bienes de su padrastro, quien también se fue a Miami, Estados Unidos. Fuentes de Migración y Extrajería dijeron no tener registros de entradas o salidas de Donarie.
Sin embargo, en el juicio que promovió Barahona Venerio contra el difunto Ofilio Mendoza Osorno por una supuesta deuda de 600 mil córdobas, se presentó una escritura de sustitución de poder otorgado por Donarie a favor de Barahona Venerio, en la que cede los derechos que le había otorgado Barahona Ruiz.
Dicha escritura de sustitución de poder fue elaborada por el abogado Arturo Ortega Calero, el 30 de noviembre de 1995.
A solicitud de Barahona Venerio, el abogado Ortega Calero libró el 27 de marzo de 1998 un segundo testimonio “por haberse perdido el primero”, según dice textualmente el mismo.
SOSPECHOSOS LIBRES
La Policía Nacional no ha podido armar el rompecabezas en que se ha convertido el caso de las tierras robadas al oeste de la Cuesta del Plomo y dejó en libertad a todos los sospechosos de haber participado en la operación que también afectó intereses del Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano (Isshdu) de la Policía Nacional.
En el círculo de sospechosos se encuentran Yelba Barahona, la promotora del juicio al muerto Ofilio Mendoza Osorno; Silvio Peña Rivas y Sara Amelia Montealegre, los testigos presentados por Barahona Venerio para que dijeran que desconocían el paradero de Ofilio Mendoza Osorno, con presunción de que sabían que éste había fallecido; la Juez Vida Benavente, quien tramitó el juicio para venta forzada de una propiedad que supuestamente ya no le pertenecía a Mendoza; la abogada Carmen Alfaro Morales, la guardadora que le nombraron al difunto; Edwin Tapia, el corredor de bienes que dice que Barahona Venerio le ofreció un millón de dólares si colocaba las tierras; Jorge Ibarra Rivera y Nery Poveda Rojas, ex funcionarios de Catastro Físico del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter) que violentaron normas y procedimientos para beneficiar a quienes tramitaron la “legalización” de 16 parcelas con más de 800 manzanas de tierra, a sabiendas que las mismas tenían dueños; Adrián Pichardo, socio de la empresa Urbanizadora Americana S.A. (Urbanasa), la sociedad que compró las 16 parcelas.
