- Las autoridades allanaron varias viviendas de la ciudadela habitada en su mayoría por nicaragüenses
Josué BravoCorresponsal Costa Rica
Funcionarios del Ministerio Público y decenas de oficiales de la Fuerza Pública y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), realizaron la mañana de ayer 11 allanamientos en el asentamiento La Carpio, habitado en su mayoría por nicaragüenses, para buscar sospechosos de haber participado en la trifulca sostenida entre policías y habitantes de esa ciudadela, el pasado 31 de mayo.
El ministro de Seguridad Pública, Rogelio Ramos, informó que los allanamientos se realizaron para encontrar a personas que habrían disparado contra los policías, resultando 10 personas detenidas, entre ellos tres adolescentes, quienes presuntamente están vinculados a pandillas juveniles que operan en La Carpio.
Una protesta que líderes comunales realizaron ese 31 de mayo en La Carpio, en busca de que el Gobierno de ese país les otorgara, entre otras cosas, títulos de propiedad, terminó en la batalla campal entre pobladores y policías.
Como resultado del enfrentamiento, seis policías y un menor de edad sufrieron heridas de bala, mientras que más de 100 personas fueron atendidas por la Cruz Roja al sufrir intoxicación por gases lacrimógenos lanzados por la Policía.
Ese día también detuvieron a 12 sospechosos de ocasionar esos disturbios –siete nicas y cinco ticos–, quienes recibieron un mes de prisión preventiva en una cárcel de Puntarenas.
“Se hizo un proceso de investigación por el OIJ y lograron obtener diferentes medios y pruebas para poderlos identificar”, explicó Eric Lacayo, jefe de Planes y Operaciones de la Fuerza Pública.
De acuerdo con informes policiales, entre los 10 capturados hay seis nicaragüenses y cuatro costarricenses.
Entre los nicas, cinco son adultos y uno menor de edad, de acuerdo a informes del OIJ.
Los cinco adulto nicas detenidos son de apellidos Araica Navarro, Artola Orozco, Rivera Calderón, Mendoza Arauz y Castillo Rocha, mientras que los adultos ticos son de apellidos Salas Orias y Espinoza Aguirre. La Policía no reveló la identidad de los otros tres detenidos, por ser menores de edad.
La Fiscalía informó que solicitó un año de prisión preventiva contra los siete adultos arrestados por los delitos de resistencia agravada, obstrucción de vías y en algunos casos agresión con arma.
