- Con las inspecciones a las fincas que venderá el Gobierno a los campesinos que han protagonizado plantones, se persigue constatar in situ la situación legal en que se encuentran, para evitar conflictos
Luis Eduardo Martínez M.
Una comisión, representativa del Gobierno y de los campesinos ha visitado varias fincas que serán vendidas a quienes llevan tres años consecutivos de protestar en los plantones; parte de ellos aún esperan respuesta en Las Tunas, entre Darío y Sébaco, en el kilómetro 97 de la Carretera Panamericana.
El fin de semana pasado, la comisión recorrió algunas fincas en San Ramón, Rancho Grande, El Tuma-La Dalia y Matagalpa.
El Gobierno prometió crear dos mil parcelas familiares con un área total de seis mil manzanas de tierra.
El Gobierno dispondrá de unas 24 fincas, en cuatro municipios del departamento norteño, para vendérselas a plazo a los campesinos que están en Las Tunas, pero varias de esas fincas están en manos de desmovilizados del Ejército de Nicaragua, del extinto Ministerio del Interior, ex Resistencia Nicaragüense y colonos que las han poseído por varios años y que aseguran las defenderán a todo costo.
Por esa razón, los conflictos de propiedad en el departamento de Matagalpa, son vistos como “una prioridad”, por las autoridades policiales, las que destinan el 70 por ciento de sus fuerzas para atender los problemas suscitados por la tenencia de la tierra.
“Esto nos preocupa porque nos afecta en la prevención del delito y en las investigaciones de otros casos comunes como homicidios, robos, violaciones, entre otros”, dijo el subcomisionado Emigdio Reyes González, especialista en asuntos de la propiedad de la Policía en Matagalpa.
Pero, otra preocupación de las autoridades policiales es lo que pueda repercutir de los acuerdos entre el Gobierno y representantes de obreros agrícolas que mantienen todavía un plantón en la comunidad Las Tunas.
Al respecto, el comisionado Tomás Enrique Bárcenas Zapata, segundo jefe departamental de la Policía, manifestó que “hemos analizado esta situación porque se nos podría tornar más delicada… pero, confiamos en que la propuesta gubernamental de beneficiar también a estos grupos va a ser aceptada por ellos”, apuntó Bárcenas.
TITULACIóN DE FINCA DE LA CORNAP
Otra promesa gubernamental es titular seis fincas que están bajo la administración de la Corporación Nacional del Sector Público (Cornap) y otra cantidad no precisada de fincas que están bajo la administración de la Intendencia de la Propiedad.
Las fincas bajo administración de la Cornap son San Antonio de Wasaka, La Suana, Santa María de Wasaka, Isla de Peñas Blancas, San Martín y Santa Julia, entre otras.
Isaac Jáen Rivera, dirigente de la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC), dijo que expusieron al Gobierno su preocupación por la situación legal en que se encuentran al menos cuatro fincas, de las que sugirió que sean revisadas nuevamente, pero no las quiso identificar porque así se lo prometió al viceministro de Gobernación, Alfonso Sandino, jefe de la comisión gubernamental negociadora.
“Siempre hemos dicho que si en las fincas hay desmovilizados de la Resistencia o del Ejército, o si hay colonos, nosotros no los vamos a ir a sacar y el Gobierno debe resolverles… aquí se ha creado eso de que Chaco Jáen es quien va a ir a sacar a esa gente, pero en ningún momento hemos estado de acuerdo con que los saquen”, manifestó Jáen.
EXTENSIÓN DE TIERRA Y AFECTACIÓN EN MATAGALPA
De acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario realizado en el año 2002, el extenso departamento de Matagalpa tiene una superficie territorial de 787 mil 88 manzanas y media, de las que 620 mil 201 manzanas son aprovechadas con 21 mil 931 tipos de actividades agropecuarias, entre cultivos anuales o temporales, cultivos permanentes y semipermanentes, pastos naturales y cultivados o sembrados y bosques.
Pero, al menos 61 fincas de extensiones y actividades diversas están en conflicto, principalmente suscitados por los llamados “grupos de presión”, que integran los desmovilizados de distintas denominaciones militares.
Las comunidades indígenas e instituciones estatales vinculadas al asunto de la propiedad, también se consideran como generadoras de los conflictos que las autoridades policiales consideran como “una bomba de tiempo”.
Estadísticas policiales indican que, desde el primero de enero hasta el 24 de mayo de este año, esa institución conoció de 61 conflictos de propiedad, en los que estaban afectadas unas ocho mil 500 manzanas de tierra en el departamento.
El subcomisionado Emigdio Reyes estima que, por cada diez mil habitantes, en el departamento de Matagalpa, al menos seis personas están involucradas de forma directa en los conflictos de propiedad.
MAYORES CONFLICTOS EN EL TUMA LA DALIA
Las estadísticas de la Policía indican que este año, el 46 por ciento de los conflictos se han suscitado en El Tuma-La Dalia, donde existen tomas de tierras por parte de desmovilizados de la Resistencia Nicaragüense, licenciados del extinto Ministerio del Interior, Ejército de Nicaragua y de otras agrupaciones surgidas durante la década anterior, como los “Recompas”, “Recontras” y Frente Unido Andrés Castro (FUAC), todos identificados como “grupos de presión”.
PROPIEDADES: UNA MADEJA QUE DESENREDAR
San Antonio de Upá, en el municipio San Ramón, es una de las fincas ofrecidas por el Gobierno. Tiene dos mil 400 manzanas de extensión y está siendo ocupada por 112 personas.
En este sentido, el viceministro Sandino dijo que “un ciudadano”, al que no identificó, había falsificado un título de reforma agraria sobre un mil 250 manzanas, desmembró varias parcelas y el resto de la propiedad pertenece al Estado.
“Pero, dos mil 400 manzanas en manos de 112 personas nos parece una exageración”, indicó Sandino, añadiendo que a pesar de que esas personas han poseído la propiedad con base en un título falso, el Gobierno les ofreció legalizarles parcelas en las mismas condiciones que los beneficiarios de los Acuerdos de Las Tunas.
Otro caso al que se refirió el viceministro de Gobernación fue el de la finca San Martín, en el sector de El Tuma. Esta propiedad, de 221 manzanas de extensión, había sido indemnizada por el Estado a sus antiguos dueños, la familia Davidson Blanco.
Pero, existe una finca denominada El Diamante, de 600 manzanas de extensión y que es reclamada por la familia Castro, porque sobre San Martín existe un título de reforma agraria que también afecta a El Diamante, al hacerlas aparecer como una sola propiedad de 850 manzanas de extensión.
“Este tipo de casos debe ser dilucidado en otra instancia”, dijo Sandino, reconociendo que “el Estado pagó mal, porque lo que tenía que indemnizar eran 200 manzanas y pagó sobre 800”.
La parte incluida en los Acuerdos de Las Tunas es la que corresponde a San Martín (221 manzanas), pero, sobre esa parte existe un contrato de uso y goce autorizado desde 1,986 por la Comunidad Indígena de Matagalpa a favor de 65 socios de la Cooperativa Pedro Mazariegos, que actualmente están en posesión de la propiedad y hasta han cultivado cerca de 120 manzanas de tierra.
Oswaldo Isabel Martínez Gutiérrez, presidente de la cooperativa, señaló que “hemos estado presos… hemos defendido esta propiedad y la verdad es que estamos dispuestos a defenderla, cueste lo que cueste, porque no permitiremos que nuestros niños se vayan a la calle”, advirtió.
Otra finca destinada para la creación de parcelas familiares en beneficio de los firmantes de los Acuerdos de Las Tunas es Siempre Viva, situada en el sector de El Coyolar Número Uno.
Esa finca, de 225 manzanas, está ocupada por unas 50 familias de desmovilizados de la Resistencia y el Ejército que aseguran no estar dispuestos a compartirla porque poseen un contrato de uso y goce extendido por la Comunidad Indígena de Matagalpa.
Juan Pastor Quintero, uno de los desmovilizados en Siempre Viva expresó que “nosotros vivimos de la agricultura y tenemos familias aquí… lo que haríamos es luchar porque esto nos costó sacrificios y sangre”.
DE POLICÍA A JUZGADOS
El subcomisionado Emigdio Reyes informó que de 42 conflictos de propiedad que conoció la Policía durante el primer trimestre del 2004, sólo habían dado lugar a 15 recursos de amparo interpuestos por la vía de hecho, y en 27 casos los problemas fueron remitidos a los Juzgados. Sólo en tres casos se abrieron causas penales contra 28 personas, los que están libres.
