Edgard Altamirano

“En veremos” repatriación de reos nicas

Mirna Velásquez Sevilla Las diligencias para repatriar a los primeros nicaragüenses encausados en Costa Rica, que ya tienen sentencia firme y esperan finalizar su condena en Nicaragua, es supuestamente obstaculizada por el Gobierno de Nicaragua, debido a la falta de gestión, informó el juez Edgard Altamirano. Altamirano, Juez Séptimo de Distrito del Crimen, quien está […]

Mirna Velásquez Sevilla

Las diligencias para repatriar a los primeros nicaragüenses encausados en Costa Rica, que ya tienen sentencia firme y esperan finalizar su condena en Nicaragua, es supuestamente obstaculizada por el Gobierno de Nicaragua, debido a la falta de gestión, informó el juez Edgard Altamirano.

Altamirano, Juez Séptimo de Distrito del Crimen, quien está encargado de adecuar las sentencias de los internos para su posterior repatriación, dijo que desde hace tres meses envió al Ministerio de Gobernación 16 sentencias de los nicaragüenses que ya están listas, pero hasta ahora no ha habido ninguna respuesta de parte de este ministerio.

“Remití (las sentencias), pero el Gobierno no ha ordenado la repatriación a través de la Cancillería”, dijo Altamirano.

LA PRENSA intentó localizar telefónicamente sin éxito al ministro de Gobernación, Julio Vega. El viceministro Alfonso Sandino tampoco fue localizado.

Otras dieciséis sentencias restantes serán enviadas a finales de esta semana para culminar con la obligación que el Poder Judicial tiene de “trasladar” las penas o adecuarlas a las leyes nicaragüenses.

REDUCEN AÑOS DE PRISIÓN

En este sentido, Altamirano explicó que los delitos por los que son procesados, en la mayoría de casos, son violaciones, robos, asaltos y asesinatos. La adecuación de las sentencias es importante porque en Costa Rica, las penas difieren mucho de las que se imponen según la legislación nicaragüense. Ejemplificó que en uno de los casos, una pena de 50 años que fue impuesta a uno de los procesados por el delito de asesinato, se redujo a 30 años como manda la ley nacional.

Explicó que el traslado se planifica desde hace tiempo, no obstante, el asunto debe tratarse de gobierno a gobierno y no le han comunicado nada al respecto, pese a que en una reciente oportunidad trató el tema con el ministro de Gobernación.

En todos los casos, las penas se redujeron de 25 hasta 20 y 15 años.

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