- Sala Penal Dos de Apelaciones de Managua ordenó a la Contraloría suspender investigación sobre diputado
Jorge Loáisiga Mayorga
El Tribunal de Apelaciones de Managua admitió un recurso de amparo del ex director general de Aduanas, y hoy diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Marco Aurelio Sánchez, contra los miembros del Consejo Superior de la Contraloría General de la República, porque éstos solicitaron información a dos jueces sobre el caso del “aduanazo”.
Al admitir el recurso y darle trámite, los magistrados ordenaron suspender el acto, es decir, la investigación que la Contraloría hace sobre el famoso caso del “aduanazo”, en el que el Estado perdió 17 millones de córdobas.
“Ha lugar a la suspensión de oficio de los efectos administrativos aún no cumplidos del acto recurrido”, dice la resolución del Tribunal de Apelaciones.
La Contraloría tiene listo un informe de auditoría que establece que Sánchez causó perjuicio económico al Estado hasta por la suma de 7.7 millones de córdobas y se presume responsabilidad penal.
En el caso del “aduanazo”, Marco Aurelio Sánchez suscribió contratos con familiares cercanos al ex presidente de la República, Arnoldo Alemán, como es el caso de la firma Spacio, del yerno de Alemán, Jerónimo Gadea; con una empresa en la que su hermano Oscar Sánchez es director técnico y, a la vez, hay un subcontrato con la empresa Semipesa, en la que su esposa, Zeila Sánchez de Sánchez, es socia.
Este caso fue denunciado en los Juzgados capitalinos por el ex embajador de Nicaragua en Bélgica, Leonel Teller y por ello es que los contralores habían solicitado información a los jueces Tercero y Quinto de Distrito del Crimen de Managua.
El recurso de amparo fue admitido por la Sala número Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua, integrada por los magistrados Gerardo Rodríguez, Perla Arróliga y Roberto Borge Tapia. Este último fue llamado a integrar sala por la ausencia del magistrado Guillermo Estrada Borge.
El contralor Luis Ángel Montenegro cuestionó la decisión de los magistrados y dijo que se ha cometido otra barbarie jurídica, porque antes ya ese tribunal de Apelaciones había amparado a María Haydée Osuna, quien está involucrada en el mismo caso del “aduanazo” y contra quien los contralores tienen lista una resolución con presunción de responsabilidad penal.
“El Tribunal de Apelaciones aceptó otro recurso de amparo sin que la Contraloría General de la República haya fallado el caso, esto es insólito, no nos hemos pronunciado y ya está amparado”, dijo Montenegro.