La inercia de la zanganada

Eduardo Enríquez

En el disco duro de mi computado-ra, en la carpeta de las columnas Blanco y Negro, tengo al menos cuatro archivos que tocan el tema del 6 por ciento. Prácticamente una columna por año desde que Blanco y Negro nació.

El tema es mucho más viejo, viene desde 1990 cuando los sandinistas, en el período de transición antes de entregar el poder decidieron otorgar por ley un porcentaje antojadizo a las universidades de ese entonces. Porcentaje que ellos jamás entregaron mientras fueron Gobierno.

Pero lo sorprendente no es la mala intención sandinista sino que hayan pasado tres gobiernos electos democráticamente y ninguno haya podido solucionar el problema.

Parece que es la inercia de la incapacidad, de la incompetencia, pero más bien de la zanganada. Los gobernantes y los diputados son electos para resolver problemas, no para perpetuarlos. Aquí se pierden meses, se pierden años, en que si se saca o se mete de la cárcel a un ex presidente corrupto, pero no hay ni un solo político con los pantalones suficientes para tomar el tema y buscarle una solución real.

El planteamiento es claro y ya se ha dicho antes: el seis por ciento es un capricho, no obedece a ninguna estrategia educativa, más bien perjudica la educación. Esto no significa eliminar un beneficio para los estudiantes menos favorecidos, se trata de hacer algo racional, que vaya a beneficiar a los que en realidad lo necesitan y lo merecen.

Si los rectores se salen con la suya, las universidades recibirán 200 millones de córdobas más este año. Ya tienen en el presupuesto 800 millones. ¿Y por qué?

Porque está en una ley absurda que no va en concordancia con las necesidades nacionales.

Mientras tanto, 800 mil niños se quedan sin siquiera educación primaria. Y los que logran entrar están en una gigantesca desproporción con la élite que logra ir a la universidad: 900 dólares cuesta un universitario al año, pero sólo 71 dólares cuesta un estudiante de primaria, 32 uno de secundaria y 99 un estudiante de educación técnica, mientras 22 dólares cuesta un chiquitín de preescolar.

Es algo que obviamente nos perjudica como sociedad, pero claro, para solucionarlo habrá que enfrentar a un sector social altamente volátil y fácilmente manipulable, que a veces ni siquiera sabe por qué anda tirando morteros.

La solución la tienen los diputados. Si de verdad su permanencia en el Parlamento dependiera de los votos de sus representados, se preocuparían por diseñar algo que permita a los estudiantes pobres de verdad acceder a la educación terciaria y al mismo tiempo usar el dinero ahorrado para beneficiar a los municipios, departamentos o comunidades que representan.

Pero como su permanencia en el parlamento depende de mantener el status quo que garantice la sobrevivencia de los caudillos, su trabajo es más bien perpetuar cosas como el 6 por ciento, que les permite usarlo como mecanismo de negociación que les sirve a todos los bandos en cada momento.

Mientras el Frente Sandinista aparece siempre como “defensor de intereses populares” abanderando estas demandas populistas, los liberales venden caros sus votos al bando que los necesite, y el Gobierno, que tiene el dinero, lo suelta o lo restringe dependiendo de lo que obtenga de los otros dos.

Y en medio la gente, con las manos vacías.

Es el sistema el que está mal. Hay que cambiarlo completamente.

Editorial
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