- Un avance de la auditoría que la CGR realiza en la UNAN-Managua, encontró una serie de irregularidades administrativas
- Rector Francisco Guzmán dice que no conoce la auditoría y no quiso emitir opiniones sobre el caso
Jorge Loáisiga Mayorga
Un informe de avance de la auditoría especial que la Contraloría General de la República (CGR) realiza en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua de Managua (UNAN-Managua), al que tuvo acceso LA PRENSA, indica que en el 2002 se pagaron más de once millones de córdobas en “canastas básicas” para trabajadores.
En total son 10 universidades las que se benefician del 6 por ciento, la UNAN-Managua es la más grande.
“En la UNAN-Managua se elabora una nómina denominada ‘Aporte institucional para la canasta básica’, por la cual durante el año 2002 pagó a sus funcionarios y trabajadores la suma de C$11,290,390.26, observando que por estos pagos no se retuvo el Impuesto sobre la Renta ni la cotización del Seguro Social, incumpliendo de esta forma los artículos 30 inciso a) de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 23, inciso b) de la Ley Orgánica de Seguridad Social”, dice textualmente el informe.
“No conozco ningún documento. No puedo pronunciarme sobre asuntos que no me han sido reportados. Hay una auditoría en la universidad, es cierto, pero no conozco ningún documento. No puedo dar declaraciones sobre cuestiones que no sé”, dijo a LA PRENSA el rector de la UNAN-Managua, Francisco Guzmán.
El documento fechado el 19 de marzo de 2004 y firmado por el licenciado Mario Cabrera Rosales, director de Auditoría del Sector Social de la CGR, señala además una serie de fallas administrativas, como atrasos en la elaboración de las conciliaciones bancarias; la emisión de cheques sin detalle del beneficiario, importe, fechas, contabilización y conceptualización; falta de integración de la cuenta de anticipos por justificar; falta de depuración de la cuenta de préstamos a empleados y funcionarios; inadecuado archivo de las rendiciones de cuentas y una inadecuada estructuración del presupuesto.
NO ENTREGAN INFORMACIÓN
“(…) En nuestra revisión hemos observado que el sistema actual de información que lleva la universidad no permite identificar de forma precisa los egresos efectuados, por ser el sistema de contabilidad a base de acumulación, por lo que hemos tenido que recurrir a efectuar la auditoría en base a las salidas de efectivo, lo que no permite identificar de forma rápida los desembolsos efectuados”, expresa el informe.
En otra parte, señala que los auditores que trabajan en la auditoría han tenido problemas para obtener la información contable para efectuar el trabajo de control.
“La información no ha fluido en forma oportuna, ocasionando atraso considerable en el avance de la auditoría. Cabe destacar que hemos efectuado requerimiento de información hasta cinco veces, por ejemplo, desde el año anterior se ha solicitado detalle de los anticipos (adelantos de dinero) por justificar, cuyo saldo a diciembre asciende a 26.7 millones de córdobas, expedientes completos de licitaciones por registro y restringida, conformación del o los comités de licitación, así como del comité técnico de compra que funcionaron durante el período del 2002, comprobantes de pago, etc.”, precisa el informe de Cabrera.
El informe también señala que en la revisión efectuada al programa de compra, se ha podido detectar que ha habido incumplimiento a la Ley de Contrataciones del Estado porque algunas licitaciones efectuadas no se corresponden con el programa publicado a inicios del período “y a la fecha no se nos ha proporcionado una modificación a dicho programa, tal como lo establece la Ley de Contrataciones”.
“En algunos casos las licitaciones no contienen el pliego de base y condiciones, y en otros éstos se encuentran incompletos, así como otros documentos como garantías, fianzas, etc.”, expresa el documento.
Además, agrega que los expedientes administrativos de adquisiciones de bienes y servicios mediante la modalidad de compra por cotizaciones no posee el detalle de los cheques utilizados para adquirir tales bienes o servicios”.
VAN CON LAS OTRAS
La Contraloría General de la República también realiza auditorías en la Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse) de Estelí, sobre una denuncia de malos manejos de los fondos aportados por el Estado a esa casa de estudios.
Además se realiza una auditoría en la Universidad Centroamericana (UCA), en la que ya se han detectado algunas irregularidades administrativas, que no fueron precisadas.
En la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe (URACCAN-Bluefields) se realizó una auditoría en octubre pasado en la que se estableció responsabilidades administrativas a cuatro funcionarios (cuya sanción implica multas por hasta seis meses de salario) y responsabilidad civil por la cantidad de 27,014.96 córdobas, de la casa de estudios. La responsabilidad civil obliga al funcionario a regresar el dinero.
La CGR también estableció responsabilidad administrativa a seis funcionarios del Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud (CIES) de la UNAN, tras comprobar denuncias de irregularidades en asuntos administrativos, organizativos y financieros, cometidos por la Dirección de dicho centro.
La entidad fiscalizadora también estableció responsabilidad administrativa a 15 funcionarios y responsabilidad civil por la cantidad de 87,975 córdobas de la Universidad Indian & Caribbean University (BICU), Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS).
También se estableció responsabilidad administrativa contra tres funcionarios de la Universidad Nacional de Ingeniería, tras comprobarse la denuncia presentada por el Sindicato de Profesionales de la Educación Superior Ervin Abarca, relacionada con supuestos hechos irregulares cometidos por la Dirección Superior de la UNI.
