Crédito para el agro: disperso y complicado

Aunque el Presidente de la República, Enrique Bolaños, aseguró a LA PRENSA que defiende la eficacia de los planes de apoyo crediticio a los productores agropecuarios, el acceso a los mismos no es de manera inmediata, ya que una buena parte de estos fondos son intermediados, o bien requieren del cumplimiento de una serie de requisitos que se conocen hasta que el demandante llega a solicitarlos.

En Nicaragua el ciclo agrícola empieza en el mes de marzo, fecha para la cual las primeras labores de limpieza y preparación de tierras deben realizarse a fin de aprovechar la entrada del invierno, en mayo, para la siembra de la primera etapa programada en el país.

De igual manera, la ganadería también espera este período para hacer mejoras de infraestructura, cambios de pastos e inversiones de otra índole que permitan aprovechar la bonanza de los meses invernales.

El anuncio de la disponibilidad de tres mil millones de córdobas para los sectores productivos (la mitad ofrecidos por la banca privada), fue hecho el ocho de mayo, fecha que para algunos es considerada tardía, y para otros es la oportunidad de hacer las gestiones para tener oportunidad de hacer la siembra de postrera, pues el ciclo de primera ya había empezado.

Según los consultados, el acceso a los fondos se ha vuelto complicado en el país pese a que la oferta, actualmente, es más diversificada, encontrándose las siguientes opciones: bancos comerciales, cooperativas, financieras, microfinancieras, organizaciones no gubernamentales (ONG) y hasta programas específicos del mismo Gobierno.

Hasta 1998, probablemente existía en el país una oferta más concentrada, sólo había bancos privados y estatales, además de una que otra cooperativa de ahorro y crédito o financiera con baja cobertura.

Hoy existen seis bancos privados, tres financieras, 23 microfinancieras y gran cantidad de cooperativas y decenas de ONG entregando créditos.

Esa complejidad surge desde que el Banco Nacional de Desarrollo (Banades), de capital estatal, es declarado en quiebra en 1998. A partir de allí muchas cooperativas agropecuarias y medianos productores quedaron sin asistencia financiera. Los bancos privados de reciente formación mostraron su desinterés para asumir nueva cartera, considerando de alto riesgo a esa clientela antes atendida por el Estado.

A partir de ese momento empieza a llegar mucho dinero externo, mediante las organizaciones no gubernamentales, las que empiezan pequeños planes financieros para atender a los medianos y pequeños productores desprotegidos.

Una parte de estas ONG se convirtieron en microfinancieras que son regidas por la Ley de Préstamos entre Particulares, en tanto no sea aprobada por la Asamblea Nacional la ley que daría lugar a la supervisión por parte de la Superintendencia de Bancos.

Mientras eso sucede, los bancos privados se han concentrado en apoyar los rubros agropecuarios de exportación y no los de pequeña escala por ser considerados más costosos y de alto riesgo, por ahora sus prioridades siguen siendo los créditos personales e hipotecarios, según las cifras oficiales.

El informe de la SIB cortado a diciembre del 2003, indica que el sistema bancario y financieras entregaron créditos por el orden de los 2,971 millones de córdobas, eso significó la entrega de créditos a 4,455 agricultores y 979 ganaderos.

Mientras, la cartera de préstamos personales fue el año pasado de 4,218 millones de córdobas. Estos préstamos personales fueron entregados a 432 mil 828 clientes.

LA PRENSA intentó conocer las versiones de la Asociación de Bancos Privados (Asobanp) y de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIB), pero no se logró respuestas de los encargados de brindarlas.

Entre tanto, el Gobierno mantiene disperso el dinero proveniente de la cooperación externa y de las cuentas nacionales y las ha colocado en instituciones como la Financiera Nicaraguense de Inversiones (FNI), el Ministerio Agropecuario y Forestal (Mag-For), el Fondo de Crédito Rural (FCR) y el Instituto de Desarrollo Rural (IDR) con una cartera de préstamos entregados bajo distintas modalidades.

Estas cuatro instituciones estarán aportando para el crédito agropecuario fondos equivalentes a los 959 millones de córdobas. A éstos el Gobierno suma otro tipo de crédito para la reconversión productiva de pequeñas y medianas empresas (no necesariamente agropecuarias) por 125 millones de córdobas, para un total estatal de 1,078 millones de córdobas que tendrá una contrapartida de 1,500 millones de los bancos privados y la intención de la banca internacional de canalizar el equivalente a 500 millones de córdobas; eso arroja el gran total de tres mil millones que anunció el mandatario.

¿CÓMO LLEGAR A ESOS FONDOS?

El acceso al crédito no parece ser tan complejo cuando se ve desde la óptica de la propia institución que lo maneja. Pero para un cliente, la diversidad de opciones dónde acudir representa una gama de opciones que no siempre son totalmente ventajosas.

Por ejemplo, la FNI es un banco de segundo piso, su fuente primaria de financiamiento es el Estado de Nicaragua y recursos externos provenientes de organismos internacionales o bancos extranjeros y para este año pretenden hacer una transferencia de 476 millones de córdobas para el sector agropecuario.

Marco Antonio Narváez, presidente ejecutivo de la FNI, declaró que existe una intención gubernamental de modificar la forma de operación de la financiera, para que los recursos lleguen a los sectores productivos más baratos, directos y ágiles.

“Estamos buscando cómo flexibilizar nuestra política de crédito, porque si bien tenemos una cartera muy sólida, debido a nuestra ley constitutiva solamente podemos prestar a los bancos comerciales y financieras supervisadas por la Superintendencia de Bancos, en ese sentido se forma un cuello de botella, y es voluntad del Gobierno llegar a los pequeños productores que no están siendo atendidos”.

Narváez reconoció que disponen de fondos que no están siendo transferidos a plena capacidad, “el patrimonio de la FNI es superior a los 800 millones de córdobas, y su capacidad de transferencia de financiamiento es de hasta 8,000 millones de córdobas y apenas están colocados un mil 100 millones de córdobas”.

Los intereses son otra complejidad del crédito proveniente del Estado, y aunque el presidente Bolaños durante la inauguración del ciclo agrícola dijo “estamos reduciendo los intereses a los niveles que ya existían en los años 70”, ésta era una alusión a una institución en particular, por lo cual momentos después enfatizó “la FNI ha bajado sus tasas de interés de 17 por ciento cuando inició mi Gobierno, a casi 8 por ciento el año pasado y ahora a menos del 6 por ciento”.

El caso, en efecto, no se aplica a todas las fuentes de financiamiento del Gobierno, porque el Fondo de Crédito Rural (FCR), tiene disposición de 112 millones de córdobas “con una tasa de interés del 9 por ciento y va a bajar hasta el próximo año dependiendo de la cantidad de dinero que dispongamos para financiar”, explicó Jorge Savany, director de la institución.

La otra entidad gubernamental que tiene mayor disposición de crédito es el IDR, unos 270 millones de córdobas. Las tasas de interés también son diferentes y no todo este crédito llega de forma inmediata y directa.

Sergio Narváez, director ejecutivo de la entidad, explicó que ellos trabajan con dos modalidades, una a base de proyectos y otra de fondos intermediados que los beneficiarios deben presentar para pasar por una revisión, aprobación y desembolso.

La primera modalidad es de inversión productiva rural, esta modalidad exige un cofinanciamiento del 10 al 40 por ciento por parte de los productores y el resto es aportado por el IDR en concepto de no reembolsable (sin intereses).

Para acceder a éste, deben ser grupos de productores, que presentan un proyecto de inversión que es estudiado y aprobado entre tres a cuatro meses después, dependiendo de los trámites y montos que se requieran. Mientras el desembolso es casi inmediato.

Bajo este concepto, dijo ya han sido aprobados 73 proyectos con 62 millones de córdobas. Éstos no son fondos urgentes como los que requieren los productores para iniciar ciclos productivos anuales.

Pero el crédito a intermediar por el IDR, que es la segunda opción, se calcula en unos 100 millones de córdobas, que son depositados en un programa con un banco privado y éste decide a cuál microfinanciera entregar para que otorgue el préstamo.

“Como entidad de Gobierno no se ganan intereses, sino que el fondo del convenio es el que va ganando una tasa de interés aproximada al 6 por ciento, mientras el banco aplica un dos a tres por ciento por administrar el fondo y la microfinanciera aplica otro por colocarlos”, detalló Narváez, esta forma de canalizar este tipo de crédito se hace porque los convenios de fondos especifican que se hagan por medio de un banco, ya que éstos tienen más experiencia en análisis de crédito.

¿PEQUEÑOS EXCLUIDOS?

Para Alfredo Ruiz, investigador del Instituto de Investigación Nitlapan, de la Universidad Centroamericana (UCA), el crédito se ha estratificado, de tal manera, no es complejo para todos, en principio porque el pequeño productor sabe que no puede ser atendido por la banca y por tanto recurre a las ONG que muchas veces por su misma filosofía no les exigen nada, solamente recurren a la calidad moral del que presta.

Miguel Alemán, investigador de la misma entidad, reconoció que la diferencia de requisitos para acceder a un crédito se tornan complejos en el sistema financiero e igual sucede con los programas de asistencia del Gobierno, como el plan Libra por Libra que inicialmente acogió a todo tipo de productor, porque había un fondo para entregarlo a cambio de semilla, pero la política ha cambiado, ahora sólo se le entrega al que tiene capacidad de pagar un 50 por ciento de la semilla mejorada que recibirá.

LOS PEGONES

Las entidades no convencionales de crédito han diseñado su propia modalidad de financiamiento, y eso depende de si son microfinancieras, cooperativas, organismos no gubernamentales o cajas de ahorro.

Lo único que probablemente hacen de forma estandarizada es tratar de colocar fondos en tiempo y forma requerida por los productores, ya que todas poseen un patrimonio conformado a base de donaciones. Pero debido al aumento de la demanda de crédito de pequeños y medianos productores no atendidos por la banca formal, es que estas entidades también han tomado la decisión de intermediar recursos de los programas y proyectos del Gobierno provenientes de la FNI, el FCR, el Mag-For o el IDR, pero eso trae sus implicaciones burocráticas.

La Caja Rural Nacional (Caruna) es una de las entidades que practica intermediación de fondos manejados por el Estado. Aunque ellos de su capital propio desde hace varias semanas están ofreciendo 56 millones de córdobas para el sector agropecuario, o sea que no están esperando a resolver el trámite burocrático con el Gobierno para dar atención a los productores.

Manuel Bermúdez, gerente de Caruna, explicó que la duración de un trámite de intermediación depende de la legalidad que prevalezca. O sea, ellos ya tienen una historia financiera por varios años , lo cual les vale como requisito para acceder a más fondos de otras instancias (en este caso el Gobierno).

“Pero un trámite en términos reales no es menor a los 60 días, aunque hay casos con más tiempo, porque estos préstamos pasan por un programa de calificación financiera, evaluación de desempeño, auditorías internas, análisis de los beneficiarios, rubros a financiar, y por eso es que para obtenerlos cuando se solicitan es necesario hacer la gestión desde antes y no en mayo cuando ya viene la lluvia”.

En tanto la tasa de interés de salida (desde donde se origina el fondo), aplicable a fondos intermediados es del 6 al 10 por ciento sobre saldo, este es incorporado al costo de transacción de la intermediadora, un proceso que se repite hasta que llegan al beneficiario, de tal manera que al final suman créditos hasta con un 18 por ciento.

“Cada organismo pone sus reglas, y por eso las tasas de interés son diferentes, por cada programa específico, se elabora la política de interés de crédito en particular, pero el Gobierno deberá ser más ágil y menos burocrático”, agregó.

Julio Flores, gerente del Fondo de Desarrollo Local (FDL), otra entidad de crédito no convencional, colocará 130 millones de córdobas, de éstos 20 a 25 millones están ligados a la intermediación de fondos del Gobierno.

En el caso del crédito proveniente de Fondeagro del Mag-For, este año según explicó Flores habrá una reducción en la tasa de interés hasta en un 15 por ciento, si el productor paga en tiempo y forma su crédito.

El director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo Económico Social Rural (Fundeser), René Romero, se quejó de las altas tasas de interés por la intermediación .

Este año dispondrán de 35 millones de córdobas en créditos para el sector agropecuario.

Dijo que cuando no trabajaban con intermediación el requisito era la fianza solidaria, pero como ahora usan fondos canalizados mediante un banco comercial, éstos no aceptan esa garantía, por lo cual, sus clientes están obligados a depositar hipotecas, prendas agrarias, entre otros.

Pero también hay otras dificultades con los requisitos exigidos para la intermediación del crédito gubernamental, y es la exigencia de títulos de propiedad.

La microfinanciera Asociación Alternativa para el Desarrollo Integral de las Mujeres (ADIM), trabaja otorgando crédito a mujeres, y la exigencia de un título de propiedad a nombre de ellas como requisito exigido por el Fondo de Crédito Rural (FCR) para entregar el préstamo es un obstáculo difícil de salvar, ya que la mayoría de las posesiones en Nicaragua están registradas a favor de los hombres, detalló Digna Cabrera, miembro de la asociación.

OFERTA TARDÍA

Álvaro Fiallos, presidente de la Unión Nacional de Productores y Ganaderos (UNAG), organización que durante su asamblea anual contó con la presencia del presidente Enrique Bolaños, critica el detalle de la disposición financiera, que el Gobierno está explicando con la distribución de 6,000 folletos donde aparecen 22 programas entregados por seis instituciones de Gobierno.

“Eso es una enorme dispersión, es complicar las gestiones para obtener los fondos y aumentar los costos por el burocratismo de tanto programa. Nosotros les decimos que se junte todo y se monte una entidad de fomento”.

Agregó que para tener acceso a los fondos anunciados por el Gobierno requieren de unos cuatro meses anticipados para que les aprueben o no, “pero si hacen la solicitud ahorita, no se ajustará con la entrada del invierno”.

Por tanto, Fiallos propuso: “No se trata de disminuir el análisis correcto del proyecto, pero sí una serie de requisitos, tal como la exigencia del 15 al 40 por ciento de fondos de contravalor de lo solicitado”, haciendo referencia a uno de los programas del Instituto de Desarrollo Rural (IDR) que exige esa condición.