- Procuradores solicitan a diputados instrumentos legales para combatir la pornografía infantil y tráfico sexual
María Acuña Herrera
Delitos como el tráfico sexual, pornografía infantil y delitos informáticos que aún no están tipificados en el nuevo Código Penal podrían ser incorporados a la legislación vigente por los diputados de la Asamblea Nacional en los próximos días, de admitir la propuesta realizada por el Poder Ejecutivo.
El Ejecutivo remitió a la Asamblea una reforma al Código Penal, contenida en el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños contra la delincuencia organizada transnacional.
Carlos Emilio López, Procurador Especial de la Niñez y la Adolescencia sostuvo que la inclusión de estos tipos penales vendrían a facilitar el cumplimiento del compromiso adquirido por Nicaragua ante la Convención de Palermo en el año 2000.
López considera que la propuesta enviada el 23 de febrero por el Poder Ejecutivo, es el instrumento más completo y amplio para la prevención y sanción de los delitos contra la explotación sexual que se ha presentado.
VACÍO JURÍDICO
“El protocolo viene a llenar un vacío jurídico en el tema de tráfico de menores, el secuestro, la extracción y venta de órganos, trabajos forzados, adopciones ilegales y esclavitud sexual”, detalló López.
La Procuradora Especial de la Mujer, Patricia Independencia Obregón, se mostró sorprendida por la apertura e interés mostrado por la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia, presidida por Lilliam Morales Tábora.
“Hay mucho interés por presentar de la forma más consensuada el Protocolo ante el plenario. Tanto así que mañana (hoy) se reunirán 11 asesores especialistas en Derechos Humanos y Justicia que revisarán la propuesta del Ejecutivo con el fin que todos los diputados comprendan el espíritu de la misma y no se preste a interpretaciones dudosas”, aseguró Obregón.
La propuesta gubernamental no sólo apunta a sancionar a las redes o grupos victimarios o explotadores que trafican, sino que obliga al Estado a atender a las víctimas, su honra, su privacidad, seguridad, agregó Carlos Emilio López.
