José Wenceslao Mayorga D.
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El plebiscito es la única salida
José Wenceslao Mayorga D.
Nicaragua está cayendo aceleradamente hacia un proceso anárquico de grandes proporciones. Según puedo apreciar, el presidente Bolaños ha dado los pasos más sensatos interpretando la voluntad general del pueblo, fuente de todo poder, para lograr la gobernabilidad tan deseada, oponiéndose severamente a las pretensiones de sus adversarios del partido rojinegro de seguir gobernando desde abajo.
Don Enrique, sin duda, hombre bien intencionado, ha propuesto un trato que yo pienso lo ha fundamentado superando los preceptos jurídicos del viejo concepto conocido como el contrato social de Juan Jacobo Rousseau, con conceptos modernos del derecho que pueden salvar a Nicaragua de la debacle que se avecina. Rousseau señalaba en tales enfoques, que cada uno de los individuos podía poner todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general del conglomerado social, aceptando cada quien su participación, como parte indivisible del todo, pretendiendo ofrecer una fórmula legal que viniera a establecer una norma sistemática que podría sustentar al derecho y a la justicia de ese entonces para poder fijar la voluntad soberana del pueblo a través de voto, recogiendo la opinión de todos los participantes en iguales condiciones en el gobierno público, donde los gobernados tuviesen los mismos derechos que los gobernantes, de los cual se desprendía, según Rousseau, que la soberanía no aceptaba estar representada por nadie en particular, y hacía hincapié en toda ley que no fuese aprobada por el pueblo se considerase nula.
Cuando el pueblo establece el voto como medio de expresar su voluntad, había que preguntarse si realmente esa facultad conllevaba a crear “leyes justas” o eran para favorecer a determinado grupos de personas o partidos, configurándose un conflicto difícil de esclarecer en la sociedad de ese entonces sobre la formación de las leyes. La doctrina rusoniana influye considerablemente en los postulados de la revolución francesa que había dado al traste con la hereditaria monarquía representada por la familia de Los Capetos, naciendo en consecuencia la primera república francesa.
Posteriormente, juristas estudiosos pensaron que se podía buscar el forjamiento de una armonía entre la soberanía popular de ese entonces y los progresistas, creando un nuevo sistema democrático-representativo. Surge así una nueva fórmula conocida como el parlamentarismo, en la que por fin se logra que la voluntad popular se ponga en manos de personas capaces de representarlos para diversas tareas estatales, encomendadas exclusivamente para hacer leyes justas que pudieran regular la paz social a favor del bien común que ayudare a forjar una sociedad más próspera, superando los viejos conceptos de la doctrina de Rousseau.
En el caso de Nicaragua pienso que no tiene otro camino que impulsar el plebiscito, dándole participación al pueblo para que en consulta popular ratifique, rechace o cambie la propuesta del actual Gobierno que preside el ingeniero Enrique Bolaños, ya que cualquiera otra clase de gestión que se haga directamente en beneficio del pueblo, si los rojinegros no están de acuerdo o no les gusta, se seguirán oponiendo, rechazando y paralizando las actividades de un pobre país que no puede arrancar hacia el establecimiento de un Estado de Derecho en el que se respete la voluntad del pueblo, y se armonice el progreso social con el económico, y de una vez por todas empiece la máquina del Estado a caminar hacia mejores derroteros.
El proyecto de Ley de Carrera Judicial que entrará a discusión en cualquier momento es lo más prudente e indicado para una nueva Nicaragua tan politizada, golpeada y abatida por la politiquería sucia y desleal. Estoy entendido que organizaciones serias y de prestigio con elementos probos de la sociedad nicaragüense están de acuerdo con ella, apoyando decididamente que en caso de que no se logre el trato —no el contrato— que propone el Gobierno, se someta a consulta popular su gestión por medio del plebiscito que está establecido en la Constitución Política de Nicaragua como posible solución a un problema aparentemente insalvable.
Don Enrique no debe aflojar, sino seguir luchando por sacar a Nicaragua del hoyo negro en que está metida, para superar los escollos y establecer el gobierno de derecho que Nicaragua necesita. Dios y la Patria se lo agradecerán.
El autor es jurista, reside en Miami.
