- “Evidente e hipotéticamente se
pueden desalojar, pero nadie lo está haciendo”, dijo en Managua Rodrigo Tovar, canciller costarricense
Josué Bravo
El canciller Norman Caldera dijo ayer que la decisión del Gobierno costarricense de no titular los terrenos del barrio marginal La Carpio, en San José, Costa Rica, a favor de miles de nicaragüenses que lo habitan, es un asunto interno de ese país que Nicaragua debe respetar.
El 7 de febrero pasado, a petición del presidente Enrique Bolaños, el presidente de Costa Rica, Abel Pacheco, se comprometió a revisar la titulación de las casas de nicaragüenses que habitan el asentamiento La Carpio.
Sin embargo, el ministro de la Presidencia costarricense, Ricardo Toledo, informó que el proceso de titulación era imposible porque muchos de los terrenos “no cumplen con los requisitos mínimos establecidos por la ley”.
Por su parte el canciller costarricense Rodrigo Tovar, quien participa en la VI Cumbre de mecanismo de diálogo y concertación de Tuxtla, que se celebra en Managua, dijo ayer a reporteros que “son muy pequeñas las áreas (de las casas de La Carpio) y algunas no se pueden dividir, pero la buena voluntad es que los técnicos busquen otra salida”.
“Evidente e hipotéticamente se pueden desalojar, pero nadie lo está haciendo porque son tierras del Instituto Mixto de Ayuda Social”, explicó Tovar.
ES ASUNTO INTERNO, ARGUMENTA CALDERA
“Parece que el tamaño de los lotes que tienen (las casas) es muy pequeño y son disposiciones urbanísticas que todos los países tienen y si ellos se pueden juntar les puede ayudar. Pero esos son asuntos internos de Costa Rica que Nicaragua debe respetar”, agregó Caldera.
Caldera indicó que Nicaragua debe buscar soluciones a todos los nicaragüenses, pero que en ese caso el presidente Bolaños planteó la solicitud de titular esos terrenos a Pacheco porque los pobladores le dijeron que el presidente de Costa Rica anterior Miguel Ángel Rodríguez, se los había prometido.
“Sobre eso, él hizo la pregunta (el presidente Bolaños) y entonces no teníamos seguridad si se había hecho la promesa o no (de titular casas). Fue un compromiso (de Costa Rica) buscarle solución, pero obviamente si legalmente no tenía camino, no se podía insistir donde existían dificultades legales”, dijo Caldera.
Ante la pregunta de los periodistas del motivo del operativo migratorio realizado a finales de enero en La Carpio, donde se detuvo a más de 200 nicaragüenses, el canciller Tovar dijo que el Ministerio de Seguridad “tiene que regular donde haya violaciones a las leyes”.
