Benjamín Blanco
El Presidente de la República, Enrique Bolaños, junto a otros cinco funcionarios de su gobierno, serán demandados ante el Tribunal Centroamericano del Agua, con sede en Costa Rica, acusados de haber permitido el desvío de las aguas del Río Negro, en la zona fronteriza con Honduras, para favorecer a un grupo empresarial agrícola de ese país.
Después del huracán Mitch, ocurrido en octubre de 1998, el gobierno de Honduras solicitó al gobierno de Nicaragua, hacer trabajos de ingeniería en el cauce del río que se había desviado hacia territorio nicaragüense debido a las fuertes corrientes que provocó el huracán.
“Entonces el gobierno de Nicaragua autorizó esas obras sin tomar en cuenta al gobierno municipal, violando la autonomía municipal”, dijo Clemente Martínez, coordinador de campaña de agua del centro ambientalista Humboldt.
Martínez dijo que la decisión de ir a un tribunal internacional se hizo después de solicitar por escrito varias reuniones a las autoridades para abordar el problema y buscarle una solución en conjunto, apegada a las leyes, pero dice que nunca obtuvieron respuesta.
GOBIERNO NO LOS ESCUCHA
“El Gobierno ha hecho caso omiso y no nos quedó más que buscar los tribunales internacionales para juzgarlo”, agregó Martínez.
El juzgamiento del caso del Río Negro comenzará hoy martes.
ACUSADO SE DEFIENDE
Entre los acusados de desviar las aguas del Río Negro para beneficiar a un empresario hondureño, además del presidente Bolaños, están el ministro de Relaciones Exteriores, canciller Norman Caldera; el ministro del Ambiente, Arturo Harding; el ministro de Fomento, Industria y Comercio, Mario Arana; el director del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter), Claudio Gutiérrez; y el Procurador general del Ambiente, Lisandro De León Mairena.
“Yo creo que esa es una acusación, va a tener que ser probada porque las acusaciones así no son, ni deben ser hechas a la brava. El año pasado se les demostró lo absurdo de lo que estaban diciendo, ahora vienen con nuevas acusaciones, yo no entiendo qué es lo que están buscando. Al Tribunal del Agua vamos a responder que no hemos otorgado licencia, ni hemos incumplidos las leyes”, argumentó el canciller Caldera.
“El problema debemos de verlo no de una forma aislada, sino de forma global. El Río Negro es binacional, que a diferencia del Río San Juan que es nuestro. El Río Negro sirve de frontera y nos pertenece a los dos países y, por lo tanto, la solución nos compete en forma integral a los dos países”, agregó.
