Marcela Sánchez/washingtonpost.com
El general James T. Hill, líder del Comando Sur de Estados Unidos, es un hombre razonable en todo sentido. Pero la semana pasada hizo una desconcertante proclamación en una conferencia en Miami. Al identificar terrorismo en la región, nombró a grupos insurgentes en Colombia y a las organizaciones del Medio Oriente Hamas y Hezbollah, que reciben apoyo de negocios islámicos en las Américas como las dos principales amenazas terroristas. Luego agregó las pandillas callejeras latinoamericanas a la lista.
Incluir las pandillas pareció tener incluso lógica, si hecha sólo con el propósito de atraer la atención y el apoyo internacional a una preocupación de seguridad emergente, o simplificar el tema para aquéllos que tienen una visión maniquea de las amenazas hoy en día.
Pero ese lenguaje es arriesgado. Ampliar la definición de terrorismo para incluir a las pandillas latinoamericanas no parece favorecer la meta de eliminar su presencia en la sociedad. Esfuerzos torpes para encontrarle espacio a un problema en el ambiente actual pueden dificultar aún más en el futuro el tratamiento de dicho problema.
No hay duda que la violencia pandillera en Centroamérica, y hasta cierto punto en Estados Unidos y México, se está convirtiendo en un reto policial enorme. Sus espantosos asesinatos no son juegos de niños, incluso si son perpetrados por niños de 10 años.
Algunas pandillas han estado involucradas en extorsión y asesinatos masivos. Algunas tienen vínculos con el crimen organizado. Funcionarios salvadoreños dicen que las pandillas son responsables del 80 por ciento de los homicidios en ese país. Las pandillas se están convirtiendo en la amenaza más desestabilizadora desde cuando terminaron las guerras civiles hace aproximadamente una década. Eso es lo que son. Estos pandilleros no son fanáticos con bombas atadas a sus cuerpos.
El general Hill no es el único, por supuesto, que está probando los límites del concepto de terrorismo. Saddam Hussein pasó de ser un desquiciado a un terrorista cuando la Casa Blanca necesitó que así fuera. Y, apenas el mes pasado, el secretario de Educación, Roderick R. Paige dejó escapar su acusación de que el sindicato más grande de maestros en Estados Unidos es una “organización terrorista”, una frase por la que después se disculpó.
Miembros de pandillas, o mareros, ciertamente no son terroristas en el sentido más estricto de la palabra. Sus actos de violencia no tienen motivaciones políticas. En la mayoría de los casos, sus blancos son ellos mismos o miembros de pandillas rivales, no civiles inocentes o no combatientes a los que sí les apuntan los terroristas.
Cuando usamos la palabra terrorista necesitamos considerar cuidadosamente lo que estaríamos dispuestos a hacer contra aquéllos que clasificamos como “terroristas” y qué es lo que necesita rectificarse. En el caso de las pandillas centroamericanas, es claro que Estados Unidos no está pidiendo su extradición a Guantánamo o buscando acuerdos internacionales para congelar sus cuentas bancarias. Tampoco está dispuesto a enviar fuerzas especiales.
En Estados Unidos, la violencia pandillera, de hecho, es sobre todo un tema de justicia criminal. Pero eso es lo que más se ve. Lo que ocurre a otros niveles es que gobiernos locales y estatales cuentan con toda una red de programas que intentan mantener a los niños fuera de las pandillas. La realidad es que la participación de los padres y programas extracurriculares después de clases, hacen parte de una compleja solución a un complejo problema.
Latinoamérica carece de redes de protección semejantes. Eso conduce a que los gobiernos en El Salvador, Guatemala y Honduras tambaleen en sus esfuerzos por enfrentar a estos grupos, muchos de cuyos miembros hacen parte de los 80,000 centroamericanos deportados desde Estados Unidos en los últimos seis años, aproximadamente una tercera parte con antecedentes criminales.
Durante el pasado año, estos gobiernos han adoptado nuevas leyes antimaras que permiten, por ejemplo, la detención masiva de menores por la simple sospecha de pertenecer a una pandilla. Dichas medidas represivas, sin el complemento necesario de prevención y rehabilitación, harán poco para detener este flagelo.
Políticas más innovadoras e integrales fueron el secreto detrás del éxito de reducir substancialmente la violencia en Bogotá, Colombia, recordó Antanas Mockus, dos veces alcalde de la ciudad y también participante en la conferencia de Miami, organizada por la revista Poder. En una entrevista advirtió que sin dichos enfoques, los pandilleros terminarán irónicamente convertidos en herramientas de organizaciones terroristas como las FARC de Colombia, que los usarán para llevar a cabo su guerra política contra el Estado.
La palabra terrorista sugiere una persona al borde de un acto de violencia tan severo e inmediato contra el Estado que amerita extremas medidas de control. Obviamente, las pandillas latinoamericanas representan una amenaza perniciosa y desestabilizadora al orden social en la región, del tipo que se entiende mejor en términos culturales, de presiones sociales, de ira juvenil, etc. La etiqueta terrorista distorsiona estas causas complejas y dificulta darles solución.
