Cuestionan sentencias del Plan Escoba

Luis Eduardo Martínez M.CORRESPONSAL/[email protected] Roman, Times, serif»> Cuestionan sentencias del Plan Escoba Luis Eduardo Martínez M.CORRESPONSAL/[email protected] El Consejo Departamental de Lucha contra las Drogas (CDLD) cuestionó las sentencias emitidas por el juez Segundo de Distrito de lo Penal de Matagalpa en seis de los juicios que resultaron del denominado Plan Escoba, que la Policía ejecutó […]

Luis Eduardo Martínez M.CORRESPONSAL/[email protected]

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Cuestionan sentencias del Plan Escoba


Luis Eduardo Martínez M.
CORRESPONSAL/MATAGALPA
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El Consejo Departamental de Lucha contra las Drogas (CDLD) cuestionó las sentencias emitidas por el juez Segundo de Distrito de lo Penal de Matagalpa en seis de los juicios que resultaron del denominado Plan Escoba, que la Policía ejecutó contra nueve narcoexpendios en la ciudad septentrional.

Aunque el judicial Frank Rodríguez Alvarado encontró culpable a la mayoría de los acusados por el Ministerio Público, ordenó la devolución de los bienes muebles e inmuebles que les habían sido incautados por no estar vinculados con la actividad del narcotráfico.

Pero el CDLD cree que el juez debió ordenar el decomiso de los bienes y han pretendido un encuentro con él para que les explique las razones por las que devolvió casas, dinero, prendas, entre otros bienes, que supuestamente adquirieron los acusados producto de su actividad ilícita.

El encuentro no ha sido posible, sin embargo, el juez Rodríguez dijo a LA PRENSA que en los juicios que él conoció, el Ministerio Público no pudo probar que los bienes que tenían los acusados habían sido obtenidos como producto de la actividad ilícita.

“Éste es un problema de hermenéutica (interpretación) jurídica”, dijo Rodríguez, argumentando que la Fiscalía debió demostrar, en los juicios, el origen ilegal de esos bienes.

“Para fallar o condenar, uno (como juez) no debe suponer sino que tiene que tener certeza, que la produce la prueba, y en los juicios no hubo prueba que acreditara, de alguna manera, que esos bienes que estas personas tenían eran producto de la actividad ilícita”, expresó el juez.

Rodríguez también ordenó la devolución de algunos bienes que estaban siendo reclamados por terceras personas que “de buena fe” arrendaban locales a los acusados de narcoexpendedores.

El judicial dijo que en todo caso será el tribunal de alzada el que decidirá si sus decisiones fueron correctas, pues el Ministerio Público apeló de las sentencias únicamente en lo que respecta a la devolución de los bienes.

LOS ACUSADOS

En el primer juicio, realizado el 3 de octubre del año pasado, Rodríguez Alvarado absolvió de culpa a Lucila Blandón Cuadra y Douglas García Mendoza, porque el Ministerio Público no aportó pruebas suficientes en su contra.

Rodríguez también conoció de los juicios en contra de Norma del Socorro Hernández Tórrez, Miguel Antonio Palacios Palacios, Yadira Estrada Centeno, José Raúl Martínez Arauz, José Frank Soza Artola (La Panchona), Gloria María Pérez Romero, Francisco Orozco Flores (Chico Bota) y Víctor Enrique Roa Jiménez (Kiko).

Todos fueron encontrados culpables, unos como autores y otros como “cooperadores necesarios” (cómplices), del delito de tráfico interno de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas, en la modalidad de expendio, en perjuicio de la salud pública y la sociedad nicaragüense.

Pero todos fueron absueltos de los delitos de almacenamiento, promoción y estímulo para el consumo de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas y lavado de activos provenientes de actividades ilícitas.

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