- Pugna por tierras desatada entre indígenas y colonos mestizos, amenaza con desestabilizar al Atlántico Norte. Directivo del Consejo Regional Autónomo aseguró que las comisiones de demarcación territorial iniciarán su trabajo y priorizarán los lugares con conflictos agrarios
Heberto Jarquín M.CORRESPONSAL/TRIÁNGULO [email protected]
Los conflictos por la tenencia de la tierra en la Región Autónoma del Atlántico Norte, se han convertido en una especie de bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento, si las autoridades regionales no buscan una solución inmediata a la controversia.
El mayor foco de tensión se encuentra en la zona donde convergen los municipios de Rosita, Prinzapolka y Puerto Cabezas, específicamente en el área reclamada por las comunidades indígenas miskitas de Laguna de Kukalaya y Layasicksa, donde se asientan tres mil campesinos mestizos en nueve comarcas que los nativos califican como territorio usurpado.
Recientemente, el dirigente de los ex combatientes de Yatama de la zona de Kukalaya, Adolfo Pineda Davis, amenazó con tomar las armas para desalojar a los que califica como colonos mestizos, mientras que el síndico de Layasicksa, señaló a liberales como Víctor Duarte Aróstegui y varios concejales de ese partido como promotores de invasión de tierras comunitarias.
Este señalamiento es rechazado por el diputado Duarte, quien ofreció mediar para resolver el conflicto.
CAMPESINOS ARRAIGADOS
En el área reclamada por los indígenas de Layasicksa y Kukalaya, se asientan las comarcas de Las Breñas, Danto Dos, Danto Uno, Umbila, Yakalwas, Cerro Azul, Waspado, de Kukalaya y El Pollo, las que suman 50 mil manzanas de tierra y están habitadas por unos tres mil agricultores mestizos, originarios de Siuna, Río Blanco, Mulukukú y otros municipios del interior del país.
Ramón Martínez Hernández, presidente de la Junta Directiva que coordina a las nueve comunidades, afirmó que existen familias campesinas que tienen más de 10 años de residir en la zona y que cuando se asentaron en el lugar las tierras eran nacionales; “nadie nos dijo que eran patrimonio de alguna comunidad indígena”, indicó.
“Nosotros nos dedicamos a la agricultura, mientras que los dirigentes indígenas Rufino Johnson, Mateo Kissman y Adolfo Pineda, entre otros, no están preocupados por las tierras sino por arrasar con la madera, porque tienen negocios con los aserradores y empresas forestales, añadió.
SIGNOS DE VIOLENCIA
Ramón Martínez denunció que el viernes 26 de diciembre, vándalos desconocidos quemaron dos casas de campesinos mestizos de la zona de Kukalaya, acción que atribuye a sus rivales miskitos.
“Nuestra gente es pacífica, pero muchos de ellos fueron a la guerra y sabrán defenderse si vuelven a agredirlos”, advirtió Martínez.
Hasta el momento, la Policía no ha establecido quiénes son los actores de la acción terrorista, que dejó en la intemperie a 20 miembros de dos familias.
LEY CONTROVERSIAL
El año pasado fue promulgada la Ley 445, mejor conocida como Ley de la Propiedad Comunitaria de los Pueblos Indígenas de la Costa Atlántica de Nicaragua y las cuencas de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz.
La ley en mención privilegia los derechos de los nativos del Caribe nicaragüense, sobre las tierras de la región y califica como terceros a los mestizos, originarios del interior del país, quienes han migrado hacia esta zona.
Dirigentes indígenas defienden esa ley y exigen su aplicación, mientras que los mestizos la califican de discriminatoria e inconstitucional y piden que se revoque.
El segundo secretario de la directiva del Consejo Regional Autónomo de la RAAN, Carlos Sanders Rigby, dijo que existían 10 razones para temerle a esta ley, porque lo único que persiguen es ordenar la tenencia de la tierra y que no se iban a violar los derechos de nadie.
Sanders anunció que en los próximos días van a iniciar su trabajo las comisiones de demarcación territorial y que se van a priorizar los lugares donde habían conflictos agrarios.
