- Hay doce personas con “indicios razonables” de irregularidad, que no se despiden por falta de proceso y de presupuesto
Amparo Aguilera [email protected]
Roman, Times, serif»>
Corruptos del Inafor siguen laborando
 |
Hay doce personas con “indicios razonables” de irregularidad, que no se despiden por falta de proceso y de presupuesto |
Amparo Aguilera
[email protected]
Doce funcionarios con “indicios razonables” de irregularidad, siguen laborando en el Instituto Nacional Forestal (Inafor), por falta de un “proceso” legal que pruebe las anomalías, confirmó a LA PRENSA el director ejecutivo del Inafor, Indalecio Rodríguez.
Desde mediados del año pasado, la institución está sujeta a tres auditorías: una interna, otra que realiza la Presidencia de la República, y una más a cargo de la Contraloría General de la República (CGR). Sin embargo Rodríguez dice no tener resultados de ninguna.
El funcionario reiteró que hay indicios de “fallas administrativas” cometidas por esos funcionarios. “Pero no pruebas contundentes, porque a nadie se le ha hecho proceso. Los procesos cuestan mucho dinero y la institución no tiene ni siquiera presupuesto”, insistió justificando con ello los no despidos.
En este sentido refirió que auditorías como la de la CGR son “auditorías especiales” y no operacionales ni financieras. “Entonces son auditorías de lo pasado no preventivas. No exactamente lo que uno espera, entonces no nos sirve par revertir lo que ya pasó”, indicó.
Por su parte, Luis Ángel Montenegro, contralor a cargo de la auditoría que la CRG ejecuta en el Inafor, dijo que la decisión de retirar o no a personas sospechosas de irregularidades es una “facultad propia” de la administración del Inafor. En este caso de Rodríguez.
“La dirección superior no necesita de los informes de la Contraloría para despedirlos. Ésa es una facultad de ellos. Los informes son para determinar las responsabilidades y esos niveles pueden ser desde presunciones penales, hasta civiles o administrativos. Pero no hacemos auditorías para que los ministros o administradores de las instituciones corran o no corran al personal”, enfatizó.
Montenegro exhortó a que si hay conciencia o constancia de que los 12 funcionarios han cometido irregularidades, con daños al patrimonio del Estado o incumplimiento de las normas o leyes por las que se rige el Inafor, Rodríguez puede prescindir de sus servicios.
Documentos en manos de LA PRENSA revelan que parte de los funcionarios cuestionados laboran en el Inafor Central y en las delegaciones de Nueva Segovia, Estelí, el Triángulo Minero y Rivas.
En el mismo, las causas tildadas como actos irregulares son incumplimiento de las normas técnicas legales y administrativas de la institución; indicios razonables de complicidad en el tráfico ilegal de madera y tráfico de influencias.
Esto lo confirma Montenegro, quien aseveró que hay irregularidades serias en el Inafor. “Porque algunos delegados, que están siendo señalados en la auditoría emitieron permisos de corte de madera, donde el mismo que era solicitado por un productor para cortar una cantidad determinada de árboles fue utilizado, a espaldas del productor, por 10, 15, 20 veces más para sacar toda la madera de determinada zonas. Entonces hay evidencias de anomalías”, confesó.
“Estamos hablando prácticamente de todas las zonas madereras del país”, expresó el contralor. Entre esos delegados precisamente sobresalen los que laboran en Rivas, donde los permisos fueron usados en el sector de Cárdenas, Nueva Segovia, la Región del Atlántico y Chontales.
MILLONES EN PERJUICIO
Indalecio Rodríguez, director ejecutivo del Instituto Nacional Forestal (Inafor), dijo que calcula entre un 80 y 90 por ciento de ilegalidad en el manejo del recurso forestal, a nivel nacional. Lo que equivale a pérdidas que podrían oscilar entre 30 y 60 millones de dólares.
Por otra parte, refirió que el Inafor no tiene presupuesto para prescindir de los 12 funcionarios con “indicios razonables de irregularidades”. Según la Ley, el Gobierno debe asignar un presupuesto al Inafor el cual debe ser, según Rodríguez, alrededor de los 28 millones de córdobas, de los cuales se necesitarían más de medio millón para despedir a los funcionarios.
Luis Ángel Montenegro, contralor colegiado, explicó que con pruebas o sin pruebas se deben pagar las prestaciones, porque los pagos de los trabajadores no son negociables. Aunque en el primer caso deben acompañarse con un juicio.
