- Ética y Transparencia insiste en que presupuesto electoral puede reorganizarse
María José Uriarte R. [email protected]
Datos proporcionados por el Consejo Supremo Electoral (CSE) señalan que las actividades preelectorales de ese Poder del Estado contienen un sinnúmero de implicaciones económicas que a criterio de funcionarios de esa institución, son la principal causa de encarecimiento de los procesos electorales.
El directivo de Ética y Transparencia, Roberto Courtney, coincide en que no se debe responsabilizar de manera absoluta al CSE, porque al final cumple con lo establecido en la Ley Electoral, aprobada por conveniencia de los partidos políticos.
Sin embargo, considera que existen factores que incrementan los costos por la práctica de tener gastos supérfluos, uno de ellos el pago de más de 90 mil córdobas a magistrados suplentes, los que no deberían recibir pago, salvo cuando asuman por ausencia del propietario.
Otro aspecto es la cantidad de personal en cada uno de los despachos, los que incluyen hasta dos asistentes y un número similar o mayor de asesores. Recordó que en cierto momento se impulsó una práctica filantrópica, la que no es parte de la Ley Electoral.
Courtney recomienda que para bajar costos, mientras se aprueban reformas a la Ley Electoral e institucionales, los magistrados deben tratar de llegar a un consenso con los actores políticos que participan en los procesos. Pone como ejemplo la impresión de las boletas en un papel menos costoso.
No obstante, está claro que el problema de fondo no es lo que mandata la Ley Electoral, sino la desconfianza planteada por los partidos políticos hacia la institución, que conlleva a pretender tener siempre presentes a sus representantes para que cuiden sus “intereses”.
“Al no confiar en alguien, incurrís en todo tipo de costos para tratar de obtener esa confianza de otra manera, en realidad la deberían poder obtener directamente de los funcionarios”, afirmó Courtney.
El artículo 182 de la Ley Electoral establece que el Ministerio de Gobernación asegurará la constitución de la Policía Electoral, para que funcione a la orden del CSE desde el inicio de la campaña hasta la toma de posesión de las autoridades electas, inclusive.
Dentro de esta coordinación el Poder Electoral deberá capacitar al policía electoral, previendo necesitar un mínimo de 10,477 por 102 días, tomando en cuenta la movilización de las fuerzas del orden para garantizar el proceso en su desarrollo.
No se incluye, la inversión con el Ejército que además de movilizar personal, pero en mínima cantidad, se contrata el uso de helicópteros para el traslado de material electoral a aquellos lugares más remotos.
A criterio del directivo de Ética y Transparencia, la asignación dispuesta para ambas instituciones debería ser entregada directamente para un mejor control de los recursos.
El CSE enumera entre los gastos preelectorales la actualización cartográfica, verificación ciudadana, actualización del Padrón Electoral y el aseguramiento de la campaña de los partidos políticos en los medios de comunicación.
En el análisis, establece a su vez los costos post-electorales que implican la transmisión de las actas de escrutinio, la publicación de los resultados y el traslado del paquete electoral desde las JRV hasta los Consejos Electorales Municipales.
