Moisés Martí[email protected]
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Estado gana juicio contra Ricardo Mas Canosa
Moisés Martínez
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La Sala Dos del Tribunal de Apelaciones revocó el fallo de la juez Yelba Aguilera a favor del empresario cubano Ricardo Mas Canosa, dejando de esta forma sin efecto el embargo que éste hizo por cinco millones 253 mil 623 dólares en las cuentas de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel) en Bancentro.
Esto constituye un triunfo legal para el Estado nicaragüense, el cual viene de atravesar una mala racha de reveses jurídicos tales como el caso del Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (Iniser).
La representación legal del Estado en este caso fue un equipo jurídico de la Unidad Residual de Enitel (Uretel), conformado por los especialistas Rodolfo Arce, Oriel Soto y Mario Meléndez, con el asesoramiento de los abogados Noel Vidaurre y Evenor Valdivia.
La participación del Estado en este caso se debe a que el acuerdo de compraventas de Enitel en su punto 11.4, establece que “el vendedor se hará responsable e indemnizará a la compañía dentro del período fiscal vigente después por cualquier demanda o acción judicial entabla en su contra hasta por un período de tres años después de la fecha de perfeccionamiento”.
Por lo tanto, si la sentencia de la juez Aguilera a favor de Mas Canosa se hubiese mantenido, el Estado hubiese tenido que hacerse responsable del pago al empresario cubanoamericano de los más de cinco millones de dólares.
“Por suerte, el caso cayó en una sala en la que había magistrados serios, porque en este caso había bastantes presiones”, opinó Carlos Fernández Roque, director de Uretel.
El casó pasó al Tribunal de Apelaciones luego que los representantes legales de Uretel denunciaron que la juez Aguilera cometiera una serie de presuntas anomalías jurídicas para favorecer a Mas Canosa.
Según Rodolfo Arce, asesor legal de Uretel, Aguilera favoreció a Mas Canosa al permitirles presentar una prueba pericial cuando ya se había transcurrido el tiempo establecido por la Ley.
“Prácticamente, les estaba haciendo el trabajo al equipo legal de Mas Canosa y de remate, como la prueba pericial que al fin presentan tiene una serie de fallas, lo que tranquilamente hace es borrar del expediente la prueba pericial de Uretel y poner como que nosotros no habíamos presentado nada”, relató Arce.
De acuerdo al abogado, esto fue corroborado por el mismo secretario del juzgado en el cual se ventiló inicialmente el juicio en una constancia presentada en el Tribunal de Apelaciones.
La demanda del empresario cubano se basaba en un contrato suscrito con el gerente de Enitel en 1998, Gabriel Levy, para operar un telepuerto a través de una entidad empresarial denominada Elite International Telecomunication.
“La Ley establece que cuando vos aterrizás una señal en el país se requiere permiso de Telcor y ellos no lo pidieron”, relató Rodolfo Arce, asesor legal de Uretel.
No obstante, Mas Canosa denunció que la verdadera razón por la que se le había incumplido su contrato fue que el sucesor de Levy en la gerencia de Enitel, Jorge Solís Farias, le exigió al empresario cubano una supuesta coima de 40 mil dólares mensuales, algo que éste se negó a pagar.
