Humberto Belli Pereira
Lo que está en juego a raíz de los últimos acontecimientos políticos no es tanto la condonación de nuestra deuda externa, a través de la iniciativa HIPC, sino la viabilidad de Nicaragua. El problema es, pues, mucho más grave y hondo de lo que muchos suponen. Podríamos obtener el perdón de la deuda y entrar al Cafta, pero si no resolvemos la presente crisis institucional seguiremos a la zaga de América Latina.
Efectivamente, de nada depende más el futuro de nuestros ciudadanos que de nuestra capacidad de crear una atmósfera favorable para la iniciativa e inversión privada. La pobreza retrocederá cuando los pobres encuentren empleos productivos. Pero éstos sólo se multiplicarán en la medida en que más personas, nacionales o extranjeras, piensen que Nicaragua es un lugar bueno y seguro para invertir o trabajar. Los estados no crean empleo. Lo más que pueden hacer es fortalecer las condiciones para que los empresarios se sientan invitados a abrir fuentes de trabajo.
Hace algunos años la empresa INTEL, fabricante de microprocesadores, llegó a la conclusión que Costa Rica era un país con buenas condiciones para invertir. Hoy INTEL emplea a más de treinta mil personas y exporta más de mil millones de dólares al año. Más que todas las exportaciones juntas de Nicaragua, las cuales no llegan a 700 millones.
Una de las condiciones que más facilita a los inversionistas la decisión de arriesgar sus dineros en un país determinado es la seguridad jurídica e institucional. Jamás fluirán recursos suficientes hacia un país que carezca de tribunales independientes y en los que las reglas del juego más importantes puedan cambiar, de la noche a la mañana, por el capricho o las maniobras de unos pocos. En una democracia los cambios en las reglas son lentos y tequiosos; las instituciones pesan más que los individuos y existe una real separación de poderes. Esto hace que aún los líderes más fuertes tengan que hacer una labor exhaustiva de convencimiento y cabildeo para forjar consensos que legitimen ciertos cambios. Esta lentitud es una bendición pues hace el panorama más estable y predecible. Pues nada ahuyenta más las inversiones que la incertidumbre y la existencia de condiciones impredecibles. La corrupción aleja las inversiones precisamente porque es una señal de que las reglas pueden ser torcidas en cualquier momento y de que el delito no se castiga si se consiguen los conectes adecuados.
Lo que acaba de ocurrir en Nicaragua es grave al extremo porque indica, en una manera elocuente, que todo el andamiaje institucional puede ser sacudido por los humores de una sola persona. Bastó para que Daniel Ortega se molestara, por distintas razones, para que en menos de una semana se produjese la liberación de una persona acusada de grandes defraudaciones al Estado, se cambiasen las fechas de unas elecciones, se encausase al presidente y se iniciase todo un proceso de reformas constitucionales orientadas a debilitar al Poder Ejecutivo.
El hecho más grave de todo este proceso ha sido la flagrante subordinación del sistema judicial a las decisiones de los políticos. Esto de por sí sacude a la democracia en sus cimientos y es un síntoma perturbador de un profundo desprecio a la justicia y a la ética universal. Entre otros preceptos vulnera, como decía el obispo Hombach, el principio de que la justicia debe ser pareja para todos. Y empeora aún las cosas la falta de rubor con que se ha hecho; sin disimulo y a la vista de todos, lo que sugiere, además, la profunda bancarrota moral de las fuerzas políticas más grandes del país. Un país en donde la justicia se negocia o prostituye no es viable. No atrae para invertir ni atrae para vivir.
Las víctimas de toda esta debacle no serán los inversionistas ni la alta burguesía. Sus fondos, que son muy móviles, sencillamente buscarán lugares con menos sobresaltos. Las víctimas serán los pobres y las clases medias, cuyos hijos e hijas tendrán, como único futuro, la mendicidad, la política prebendaria o la emigración. Una Nicaragua sujeta a los caudillos que hoy la atenazan no sólo no podrá salir de su postración económica, sino que se hundirá aún más en un abismo impredecible de desesperanza y frustración.
¿Hay alguna salida? Sí, pero para ello es vital que el pueblo nicaragüense demuestre que es capaz de reaccionar enérgicamente contra los desmanes de políticos poderosos. La pasividad demostraría que se trata de un pueblo que no le indignan ni los corruptos ni el pisoteo de la justicia, y que, por tanto, merece el infortunio. Las calles están esperando. Allí definiremos si hay o no esperanza.
El autor es analista político.
