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¡Basta ya de tanta ignominia!
La ciudadanía nicaragüense sabe muy bien que los caciques y las cúpulas del FSLN y el PLC son capaces de cualquier cosa, inclusive las más ignominiosas, para favorecer sus mezquinos intereses. Sin embargo no dejan de asombrar hechos como la excarcelación de Arnoldo Alemán –bajo la figura de casa y municipio por cárcel– que ordenó la juez sandinista Juana Méndez, sin duda que por instrucciones de Daniel Ortega y como consecuencia de la reactivación del pacto libero-sandinista.
Es obvio que tal decisión de la juez Méndez es el primer paso para la excarcelación definitiva del ex presidente liberal que está siendo procesado por la acusación –respaldada por una montaña de documentos probatorios– de haber cometido graves delitos de corrupción cuando ejerció la Presidencia de la República. Ahora lo que están estudiando los negociadores libero-sandinistas es cómo liberar definitivamente a Alemán sin sentencia judicial, o con una mínima que no le impida ser candidato en las próximas elecciones presidenciales.
A cambio de eso seguramente que Daniel Ortega ha obtenido de los liberales el compromiso de aprobar una Ley de Carrera Judicial que garantice la permanencia de los jueces y magistrados que obedecen al FSLN, y dejar bajo su total control la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral y la Contraloría General de la República, así como cambios en el Presupuesto nacional a favor de los sectores de influencia sandinista. Y sin dudas qué están urdiendo una reforma constitucional para quitarle facultades al Presidente de la República, y si lo estiman necesario, para reducir su período o destituirlo.
Este atropello a la Justicia y al Derecho, de parte de la jueza Juana Méndez y las cúpulas corruptas del FSLN y el PLC, es una afrenta a la dignidad nacional. Esto es peor que lo que ocurrió en agosto del año pasado, cuando la mayoría de diputados se declaró en rebeldía contra la Constitución para impedir el desafuero de Alemán. Y en ese entonces el presidente Bolaños perdió la oportunidad de restablecer el orden constitucional, sacar legalmente de la Asamblea Nacional a los diputados que delinquían, convocar a elección de nuevos legisladores y evitarle a la Nación el atropello y la vergüenza que ahora está sufriendo.
La jueza sandinista Juana Méndez y quienes la respaldan están violando la norma constitucional de que “sólo deben obediencia a la Constitución y a la ley” (artículo 165 Cn.), y la ciudadanía democrática, que a pesar de todo no ha perdido su capacidad de indignación, tiene que llamar a cuentas a estos violadores de la justicia.
Por su parte, el presidente Bolaños debe asumir una actitud más resuelta en defensa de la justicia y de la dignidad nacional.
