- Asamblea se reserva el derecho de ratificar el Cafta, acuerdos sobre desarme o de cualquier naturaleza
Consuelo Sandoval [email protected]
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Suspicacias por intempestiva reforma constitucional
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Asamblea se reserva el derecho de ratificar el Cafta, acuerdos sobre desarme o de cualquier naturaleza |
Consuelo Sandoval
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La inesperada aprobación en la Asamblea Nacional de una reforma parcial al artículo 138 inciso 12 de la Constitución de la República, generó ayer alguna suspicacia entre reconocidos juristas, que temen haya la intencionalidad de disminuir las facultades al Poder Ejecutivo y que aparentemente estaría orientada a impedir la ratificación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC), o bien a impedir un proyecto de desarme, entre otros proyectos.
Ese artículo modificado de la Carta Magna elimina el plazo de sesenta días que actualmente tiene el Parlamento para ratificar los tratados internacionales y deja a su discreción la facultad para aprobar o rechazar convenios, tratados, pactos, acuerdos y contratos internacionales de carácter económico, comercio internacional, integración regional, defensa y seguridad, los que aumenten el endeudamiento externo o comprometan el crédito de la nación y los que vinculan el ordenamiento jurídico del Estado.
La confusión que provocó las protestas de simpatizantes sandinistas y arnoldistas, el pasado miércoles, de rechazo y apoyo a la aprobación de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, fue aprovechada por los legisladores para reformar parcialmente la Constitución.
El segundo vicepresidente del Parlamento, Orlando Tardencilla, explicó que la enmienda constitucional tiene el propósito de evitar subterfugios en el proceso de aprobación de los convenios y tratados, porque actualmente se estipula que si la Asamblea Nacional no los aprueba o rechaza en un término de sesenta días, automáticamente entran en vigor.
RESTAR FACULTADES AL EJECUTIVO
El ex diputado Sergio García Quintero se mostró sorprendido por la intempestiva aprobación de la reforma constitucional, reprochando la manera casi oculta que la aprobaron los legisladores.
“Hay una conjugación de intereses políticos alrededor de todo esto, no se ve una situación muy clara, si lo que se pretende es disminuir los poderes del Ejecutivo, pues tiene que hacerse de manera clara y enfocar el problema desde un punto de vista general y no estar haciendo reformas que son verdaderos parches. Estamos sentando un grave precedente porque pudiera ser que escojan otra serie de artículos constitucionales que por separado tuvieran la intención de ir modificando parcialmente de acuerdo a los intereses políticos de los sectores que están predominando”, destacó García.
Según la catedrática de Derecho, Asunción Moreno, la enmienda no afectaría al Poder Ejecutivo, no obstante, reconoció que la Asamblea Nacional deberá establecer mayor consenso para aprobar estos convenios o tratados.
Estimó que el consenso es positivo porque permitirá que se cumpla el principio constitucional de que todos los Poderes del Estado deberán coordinarse armónicamente, manteniendo su propia independencia.
84 VOTOS CALLADITOS
La enmienda constitucional se aprobó por unanimidad con 84 votos, a iniciativa del diputado liberal Alfonso Ortega Urbina, la cual consta de tres artículos y en su parte medular dice:
“Dichos instrumentos internacionales podrán ser dictaminados, debatidos, aprobados o rechazados en lo general, sin poder hacerles cambios o agregados en su texto. La aprobación legislativa les conferirá efectos legales, dentro y fuera de Nicaragua, una vez que hayan entrado en vigencia internacionalmente, mediante depósito o intercambio de ratificaciones o cumplimiento de los requisitos o plazos, previstos en el texto del tratado o instrumento Internacional”.
Se espera que esta reforma entre en vigor en febrero próximo, ya que las enmiendas constitucionales requieren de dos legislaturas para su total aprobación. Para algunos este tiempo no da oportunidad a que el Cafta, que podría firmarse en diciembre, se apruebe conforme a la Constitución vigente, ya que para febrero no se habrá cumplido el plazo de sesenta días que estipula la Carta Magna.
