Antonio Lacayo
Nicaragua genera el 80 por ciento de su energía eléctrica en base a derivados del petróleo. Costa Rica genera casi toda su energía en base al agua de las presas, muchísimo más barata. Nicaragua tiene el potencial hídrico para generar toda su energía en base al agua de sus ríos. Aprovechar este potencial, sin embargo, requerirá de grandes recursos financieros que el Estado no posee ni está en capacidad de conseguir. Se necesitará de inversionistas fuertes con deseo de arriesgarse en este país para desarrollar nuevos proyectos.
Mientras tanto, Nicaragua se ve obligada a gastar buena parte de sus escasas exportaciones para adquirir estos derivados de petróleo, drenando mes a mes sus reservas de divisas y encareciendo el costo que los consumidores pagan por dicha energía. Por eso la grita contra Unión Fenosa que compra energía cara y la vende por tanto cara.
Costos altos de energía, además, ahuyentan a inversionistas potenciales en la industria, la agricultura de riego y aún la maquila, haciendo más difícil la meta de aumentar las oportunidades de empleo por esa vía. Urge por tanto abaratar la energía generándola en base al agua de nuestros ríos.
Sin embargo, la Asamblea Nacional acaba de aprobar en agosto la Ley 467, llamada Ley de Promoción al Sub-Sector Hidroeléctrico, la cual, curiosamente, se opone a la inversión, ya que limita el otorgamiento de permisos de aprovechamiento de agua por parte del Mific a proyectos de generación de cinco megavatios como máximo, es decir, a inversiones sumamente pequeñas, casi irrelevantes. Las inversiones mayores quedaron prohibidas.
Esto es como que si quisiéramos promover el turismo y limitáramos la entrada de turistas a niños de cinco años o menos, o como si hace 125 años, cuando se incentivó la siembra de café en Nicaragua y se trajo a familias alemanas para que lo cultivaran en Matagalpa, el Gobierno hubiese limitado tales incentivos a los que sembraran un máximo de una manzana. Nunca hubiéramos sido un país cafetalero.
Todos sabemos que Nicaragua necesita mucha inversión para que nuestra economía crezca. El año pasado creció apenas uno por ciento, este año será igual. Así no vamos para ninguna parte. Necesitamos volver a crecer 5 ó 6 por ciento al año. Ésa debe ser meta de todos. Pero eso no lo vamos a lograr si limitamos las posibilidades de inversión en el país. Mientras países mucho más ricos que nosotros, como México, productor de petróleo, invitan a inversionistas a construir y operar plantas generadoras de electricidad en base a la represa de sus ríos, nosotros lo prohibimos. ¿Es esto lógico?
A base de proyectos de dos, tres o cinco megavatios ni siquiera se podrá generar el incremento anual que tiene la demanda de energía, por lo que en poco tiempo INE tendrá que autorizar la instalación de otra planta de generación térmica, a base de petróleo. Esto agravará aún más esta dependencia y por ese camino nunca tendremos energía barata.
Urge por tanto que la Asamblea Nacional suba el techo en esa ley de cinco a por lo menos 50 megavatios, para proyectos nuevos, de modo tal que se incentive la inversión en proyectos de mediana envergadura que tengan la posibilidad de ir reduciendo nuestra dependencia del petróleo, mientras se busca el consenso en el caso de Hidrogesa y se estudia con más detenimiento el caso de los macroproyectos, las grandes presas tipo Copalar, de 300 megavatios.
La iniciativa para hacer este cambio en la ley la puede tener el presidente Bolaños, o los diputados del PLC, o los del FSLN, o los Azul y Blanco. También la podemos hacer ciudadanos interesados en tener energía más barata. Lo importante en el fondo será si los diputados están claros de la necesidad de facilitar la inversión en lugar de prohibirla, y de si desean aumentar nuestra dependencia del petróleo que no producimos o asegurar nuestra soberanía energética en base a lo que sí tenemos.
Cualquier proyecto de nación serio contempla como pilar fundamental del desarrollo futuro de Nicaragua la generación de energía en base a nuestros recursos renovables, agua, viento, biomasa y geotermia. ¿Por qué entonces no corregir de inmediato esta ley?
El autor fue ministro de la Presidencia.
