- Dicen que se hizo “gato bravo” con dinero ajeno
Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
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Campesinos de Boaco demandan a la FACS
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Dicen que se hizo “gato bravo” con dinero ajeno |
Jorge Loáisiga Mayorga
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Campesinos aglutinados en la Cooperativa de Servicios Múltiples Desarrollo y Paz (Cosemudep) interpondrán este miércoles una demanda judicial contra la Fundación Augusto C. Sandino (FACS), exigiendo la devolución de 335,378 dólares, más los intereses, producto de la cooperación internacional y que la FACS, supuestamente, retiene dolosamente.
Una vez más LA PRENSA intentó conocer la versión del ex presidente de la FACS, Edwin Zablah, pero en sus oficinas dijeron que estaba reunido con unos cooperantes y que devolverían la llamada, sin embargo al cierre de esta edición no lo había hecho.
Miguel Amaya Mejía, secretario de la organización campesina, que aglutina a más de 150 familias, de siete comunidades en el norte del departamento de Boaco, explicó que hasta 1999 el financiamiento sumó 1,179,518 dólares, de los cuales 467,456 dólares fueron destinados a un fondo revolvente de crédito como promoción al desarrollo de las familias.
Según Amaya este dinero era administrado por la FACS y al finalizar el programa, el dinero debía ser entregado a los campesinos destinatarios, según disposición del organismo donante “Developpement Et Paix” (Desarrollo y Paz), la agencia de cooperación internacional de la Conferencia Nacional de Obispos Católicos de Canadá.
Para demostrar tal aseveración, Amaya entregó a LA PRENSA copia de una carta fechada el nueve de marzo en Montreal, Canadá, dirigida a Edwin Zablah, y firmada por Marthe Lapierre, responsable de Programas para América Latina de la organización canadiense, quien le dice a Zablah que se hace necesario entregar todos los bienes a la cooperativa.
“…Es importante que legalmente estos bienes pertenezcan a la cooperativa. En todo caso, me parece que la FACS debería realizar esto en buen entendimiento con la Junta Directiva de la cooperativa y tener en cuenta el criterio de ellos. Muy bien se pueden sentar con ellos, llegar a acuerdos sobre inventarios, y llegar a acuerdos sobre cómo hacer la entrega legal de los bienes..”, dice en una de sus partes la misiva.
“..En cuanto a la documentación de garantía en manos de Fidesa, repito lo que dije en mi última carta, quiero que sea entregada inmediatamente a las personas a las cuales pertenece. Espero que este punto sea claro”, agrega la carta de Lapierre.
“Nosotros siempre nos opusimos a aportar esos u otros fondos a los organismos financieros creados por la FACS como el Fondo Nicaragüense para el Desarrollo Popular (Fondep) y la Financiera de Desarrollo (Fidesa) porque consideramos que éstos tenían un carácter mercantil alejado de los fines de la cooperación al desarrrollo, pero la FACS sí endosó esos recursos a dichos organismos y además nos estaba estrangulando con los intereses que cobraban, empezaron con intereses del ocho por ciento y después llegaron al 14 y hasta 16 por ciento”, expresó Amaya.
Según Amaya, a consecuencia de las políticas crediticias de esos organismos, las familias de la cooperativa empezaron a ser descapitalizadas, teniendo que vender su ganado y tierras para cancelar los créditos, bajo amenaza de ser ejecutados judicialmente. “La situación se hizo insostenible para nosotros, por lo que en enero del año 2000 el liderazgo denunció ante D y P (Desarrollo y Paz) la explotación a que estábamos siendo sometidos y decidimos separarnos de la FACS, creando nuestro propio organismo de gestión, inicialmente llamado Casdep RL y con posterioridad Coosemudep RL”, dice una carta que enviaron a la redacción de LA PRENSA los campesinos.
En la carta los campesinos señalan que hubo un desvío de 107,893 dólares del dinero que les pertenecía para créditos en Nueva Guinea.
También señalan que Zablah “optó por negarse a recibir nuestras visitas y comunicaciones o a que lo hiciera un funcionario calificado de la FACS. Ante esta situación Coosemudep ha decidido reclamar judicialmente la devolución total del fondo de crédito revolvente, demandando además una auditoría sobre la administración de la misma por el señor Zablah y solicitará al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos el seguimiento jurídico de las acciones, para asegurarse de la correcta administración de la justicia en nuestro caso”, finaliza la carta.
