- Dictaminan ley antiterrorismo
en la Asamblea Nacional
Consuelo Sandoval [email protected]
Representantes del Ministerio de Defensa y del Ejercito presentaron ayer sus consideraciones al proyecto de ley antiterrorista que dictamina la comisión interparlamentaria que preside el diputado Nathan Sevilla.
La viceministra de Defensa, María Auxiliadora Cuadra, explicó escuetamente que presentaron sus observaciones referente al rol que deben jugar el Ejército y la Policía en la lucha contra el terrorismo y que recomendaron establecer los controles marítimos, aéreos, fronterizos y financieros.
Sevilla destacó que en el anteproyecto legislativo se establecen las atribuciones específicas del Ejército en el combate al terrorismo dentro de un concepto constitucional que le otorga la facultad de salvaguardar la soberanía nacional e integridad territorial.
“Son conceptos globales que el Ejército protege constitucionalmente y que tiene que ver en la práctica con los delitos del terrorismo, porque vistos como problema internacional afecta la soberanía, la integridad y el patrimonio de un país, en esta nueva ley se tiene que asignar su papel sin que se produzca un choque de atribuciones con la Policía encargada del mantenimiento del orden interno del país”, dijo Sevilla.
Destacó que el mantenimiento del orden interno y externo se concilian en una sola vertiente de lucha común contra el terrorismo, la delincuencia y el crimen organizado.
Dijo que un delegado de la Fiscalía también presentó sus aportes, fundamentalmente en aspectos particulares del articulado, en un afán por corregir algunas imprecisiones de forma, contenido y de procedimientos procesales, porque según dijo, plantean que encontraron repeticiones en la aplicación de sanciones.
Aun cuando todavía no está claramente definido el concepto de terrorismo, Sevilla dijo que se consideran actos terroristas todas las acciones encaminadas a privar de la vida y la integridad de los dignatarios, ministros, viceministros y diputados, así como los cometidos contra el patrimonio estatal.
“Aquí se trata de proteger al Estado y sus funcionarios públicos.
Lo que prevalece aquí es cuando alguien está investido de un cargo público que está representando al Estado, ese tipo de hechos se consideran terroristas”, expresó.
Aclaró que los morteros que son lanzados a la Policía durante las luchas sociales no son considerados actos de terrorismo, alegando que constituyen enfrentamientos callejeros, aunque reconoció que muchas veces se escenifican hechos violentos que han ocasionado hasta la muerte de estudiantes y hasta de policías, como el caso del jefe policial Saúl Álvarez.
