- Estado no puede entregar ningún tipo de fianza solidaria a empresas privadas, sólo a instituciones estatales, explica Hacienda
Moisés Martínez [email protected]
En manos de los diputados de la Asamblea Nacional está la entrega del aval de 1.5 millones de dólares que exigen los buseros para la adquisición de nuevas unidades para brindar el servicio de transporte diferenciado.
Según César Suazo, secretario general del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Ley 290 de Organización y Competencia del Poder Ejecutivo establece que el Estado no puede entregar ningún tipo de fianza solidaria a empresas privadas, sólo a instituciones estatales.
Por lo tanto, la única forma en que los transportistas pueden optar a ese aval es que los diputados de la Asamblea Nacional incluyan ese dinero en el Presupuesto de la República del 2004, cuya discusión se encuentra en “lo fino” en el Parlamento nicaragüense.
Esta situación será informado hoy a los dirigentes del transporte colectivo, los cuales dieron un ultimátum de una semana al gobierno para que cumpla con la entrega de dicho aval o en caso contrario realizarán fuertes protestas callejeras.
FIADORES
Este aval, junto a uno aprobado por el Concejo Municipal de la Alcaldía de Managua por el monto de un millón de dólares, conforman un fondo de 2.5 millones de dólares que respaldará a los transportistas para la obtención de un crédito con la banca local para la adquisición de 150 unidades.
La entrega de los dos avales formó parte de los acuerdos firmados en julio del año pasado entre transportistas, el gobierno y la Alcaldía capitalina para poner un fin un paro de transporte que sacudía en ese momento a Managua.
MTI ENTREGÓ INFORME TÉCNICO
Por su parte, el director de Transporte Terrestre del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), Yamil Kuant, aclaró que esta institución entregó en febrero pasado un informe técnico sobre las unidades que serían adquiridas por los transportistas y el tipo de financiamiento con el que se respaldaría la compra de las unidades.
“Con la entrega del informe técnico sobre las unidades y los financiamientos, hasta allí llega la labor del MTI en esta situación. En realidad la intervención del ministro Pedro Solórzano obedecía a la presión de una protesta local que tenía que resolver la Alcaldía de Managua. Al final, el gobierno se extralimita y se mete a tratar de resolver un problema intermunicipal”, añadió.
