Humberto Belli [email protected]
Nicaragua no podrá aprovechar las grandes oportunidades que ofrece la globalización y su creciente apertura de mercados, a menos que sea capaz de producir un mínimo de técnicos y profesionales, competentes internacionalmente. Tampoco podrá cumplir con las exigencias de la justicia social mientras la mejor formación profesional sea privilegio de los ricos, y los pobres con talento deban conformarse con las peores universidades. La buena noticia es que ambas aspiraciones son posibles. El único requisito es tener voluntad de cambio y atreverse a concebir alternativas nuevas.
Porque el sistema con que opera actualmente nuestra educación superior pública está agotado. Desperdicia ingentes recursos en los dos tercios de estudiantes que no se gradúan y en carreras que no tienen demanda, e imparte una enseñanza que defrauda las aspiraciones de sus estudiantes con mayor potencial. El sistema tiene además casi un siglo de desfase. Su concepción no responde a las necesidades del siglo XXI sino, más bien, a las circunstancias de inicios del siglo XX. De acuerdo a conocedores del sistema, tales como Tünnermann y De Castilla, su enfoque académico es teórico, repetitivo y fraccionado, en lugar de ser práctico, creativo, e integrado. Se lee muy poco y se investiga menos. En algunas carreras, incluso, la calidad de la educación parece ser inferior a la de hace treinta años. Administrativamente prevalece un burocratismo costoso e ineficiente, que ignora tanto la medición de resultados como la rendición de cuentas, y que es todo menos transparente.
El estancamiento del sistema no tiene su origen en la falta de fondos, que más bien se han duplicado en los últimos siete años, sino en haber organizado a las universidades públicas como monopolios estatales al abrigo de la competencia. Cuando las instituciones cuentan con una cuota del presupuesto asegurada, independientemente de que presten un buen o mal servicio, los incentivos para mejorar se debilitan. Y esto empeora cuando por una interpretación absolutista de la autonomía, las instituciones piensan que no tienen que rendir cuentas a nadie.
¿Cómo lograr entonces un sistema que responda al doble imperativo de educar para el siglo XXI y aumentar el acceso a los buenos estudiantes pobres? Un primer paso sería financiar directamente a los estudiantes en lugar de financiar al CNU. El seis por ciento permitiría así crear un fondo de más de cincuenta millones de dólares en becas, las cuales se distribuirían anualmente entre los estudiantes de menores recursos pero de buen índice académico. Con los recursos actuales sus becas podrían oscilar perfectamente entre mil y tres mil dólares al año y darían a sus beneficiarios la facultad de elegir la universidad pública o privada de su preferencia.
El nuevo sistema tendría la ventaja de incentivar la competencia entre las universidades, condición indispensable para la calidad, y ampliaría considerablemente las opciones de los estudiantes pobres. En Estados Unidos ha venido operando un sistema similar con gran éxito. En lugar de canalizar el grueso de sus recursos en financiar universidades públicas, lo que ha hecho el gobierno federal es financiar a los estudiantes de pocos recursos con una mezcla de becas y préstamos subsidiados que se pagan después de graduarse. ¿Por qué no emular lo bueno y lo probado? Financiar parte de los estudios con préstamos blandos contribuye a que el estudiante seleccione con más cuidado su carrera y use mejor su tiempo, y crea un fondo para financiar a más estudiantes.
Una reforma así no estaría reñida con la Constitución ni con la filosofía del seis por ciento. Este porcentaje se concibió para garantizar que los estudiantes de menores ingresos tuviesen acceso a una educación superior decente. Su razón de ser primera no es el beneficio de algunas universidades sino el de los estudiantes. Si canalizar los fondos directamente a los estudiantes promueve más la calidad educativa y mejora el acceso de los pobres a la mejor educación, no habría que vacilar en adoptar este nuevo modelo.
Otro paso complementario de la reforma sería crear un sistema de acreditación que exija a todas las instituciones de enseñanza superior satisfacer una serie de requisitos mínimos de calidad para poder otorgar títulos profesionales. Sólo las universidades debidamente acreditadas recibirían estudiantes becados con el seis por ciento.
Evidentemente, estos planteamientos dejan muchos cabos sueltos imposibles de abordar aquí. Lo importante es atrevernos a pensar y debatir alternativas, a cambiar, como dicen, los paradigmas, siendo revolucionarios en el buen sentido de la palabra: personas que se atreven a desafiar la inercia de lo existente para explorar alternativas nuevas llenas de posibilidades. Si no lo hacemos podremos perder también el siglo XXI.
El autor es presidente de Ave María College of the Americas.
