Freddy Potoy R. [email protected]
MADRID, ESPAÑA.— Nicaragua debe apuntar hacia la inversión de dinero, tiempo, recursos humanos y políticas de incentivo para desarrollar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Pero en Nicaragua no sólo están las instituciones del Estado, sino los distintos sectores del país, entre ellos los empresarios nacionales y extranjeros.
Es interesante saber que “la visión que tiene Nicaragua es el i-Goberment” y facilitar las gestiones de los ciudadanos en cualquier institución desde su computadora, según expuso la semana pasada Raúl Chang, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Conicyt. Igualmente es alentador saber que ya está lista la Ley General de Ciencia y Tecnología, con la que Nicaragua sería el tercer país de Latinoamérica en tenerlo, después de Chile y Argentina.
Pero estas buenas intenciones deben ir acompañadas de una política de incentivo gubernamental hacia el sector de las telecomunicaciones y no poner obstáculos para el desarrollo de este rubro. El mercado de telecomunicaciones en Nicaragua es incipiente en relación a otros países de América Latina, Europa o Asia.
Estados Unidos y Europa pujan por la liberalización de los servicios públicos, como las telecomunicaciones, y lejos de poner trabas, legislan en función de incentivar la inversión en este sector.
Algo importante es que deben ser expertos los que opinen sobre aspectos técnicos y políticas referidas a las telecomunicaciones. Es decir, un médico no es el más indicado para hablar de la trascendencia de la informática, internet, el desafío de las telecomunicaciones en el siglo XXI, de la economía interconectada y los fundamentos del derecho interno, como el derecho internacional que cambia en función de las nuevas tendencias de la tecnología.
Europa cada día avanza en materia de legislación y desarrollo tecnológico en aras de alcanzar a Estados Unidos en materia de telecomunicaciones. Éste es uno de los temas que el “Viejo Continente” anota en su futura constitución europea.
Las empresas de telecomunicaciones radicadas en Nicaragua deben apuntar hacia la ampliación de este mercado con una variada oferta de servicios y con precios favorables a los usuarios. Hay mecanismos para hacerlo y los inversionistas los saben muy bien.
Pero también es cierto que con actitudes “punitivas” del Gobierno y del Parlamento contra los empresarios nacionales y extranjeros, la situación se complica un poco más y eso redunda en perjuicio de la economía y supone un costo social que lo asume la población al no tener acceso a muchos servicios que en este siglo son más que vitales.
Resulta decepcionante saber que un diputado se opone a la instalación de antenas de una empresa de telecomunicaciones en el país —para mejorar el servicio de telefonía celular—, sin exponer ningún fundamento científico, y más asombroso resulta conocer que un funcionario del Gobierno autoriza aumentos de tarifas en el servicio de televisión por cable. Eso no es bueno.
Veloz e inexorablemente traspasamos el umbral de una nueva época que transformará nuestras arcaicas sociedades para alumbrar las nuevas sociedades de la información, en las que se podrán apreciar las aplicaciones más dinámicas de la tecnología: el tele-trabajo, la tele-medicina, la tele-educación, la tele-administración, el comercio, el correo y el dinero electrónico, sin cuyo dominio ningún profesional podrá desenvolverse bien. Hay que facilitar y no impedir el desarrollo tecnológico.
