- La aprobación de una Ley del Agua es de urgente necesidad ante la amenaza constante del uso inadecuado que en Nicaragua reciben las diferentes fuentes de agua. Existen dos propuestas de ley sobre este tema: una elaborada por un organismo de la sociedad civil y otra por el gobierno. El primero acusa al gobierno de querer privatizar el líquido vital para la vida, mientras éste lo niega rotundamente y más bien destaca las bondades de dar concesiones a inversionistas para algunos usos del agua. Los diputados tendrán la última palabra sobre el futuro del agua
Moisés Martínez yBenjamín Blanco [email protected]
Los diputados nicaragüenses se enfrentarán el próximo año a la aprobación de una de las leyes más importantes para el futuro del país y sus habitantes: la Ley de Agua, el elemento natural de mayor importancia para la preservación de la vida.
La primera iniciativa de una Ley del Agua ya está en los escritorios de los diputados de la Comisión del Medio Ambiente del Parlamento y es una propuesta de la sociedad civil elaborada por la Red Nacional de Defensa de los Consumidores.
La segunda propuesta de ley aún no llega al Parlamento porque está siendo afinada por los asesores del Poder Ejecutivo, tras ser elaborada por la Comisión Nacional de Recursos Hídricos, integrada por ocho instituciones del gobierno.
La propuesta de ley de la Red plantea básicamente que el agua es un bien nacional de uso público y el acceso a ella un derecho inalienable de todo ser humano.
También expone que las cuencas hidrográficas deben verse como la unidad de gestión territorial para la aplicación de políticas en materia de recursos hídricos.
GOBIERNO NIEGA PLANES DE PRIVATIZAR EL AGUA
Según Ruth Selma Herrera, directora de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores, con la propuesta de ley del gobierno que lideró el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), “se están creando las condiciones para que cualquier recurso hídrico pueda ser entregado en concesiones sólo porque existen intereses de inversionistas extranjeros y a los inversionistas hay que darles todas las facilidades”, expresó.
Sin embargo, el director general de Recursos Naturales del Mific, Mario Callejas, respondió que “la gente de la Red está diciendo medias verdades, puesto que la Constitución en su artículo 102 dice que todos los recursos naturales no se deben privatizar, “y en este caso el agua no es privatizable. Es un temor mal fundado”, afirmó.
Dijo que la ley que presentará el Ejecutivo a la Asamblea Nacional contempla dos grandes artículos de la Constitución: el 102 que toca el punto referido a la concesión de los recursos naturales, y el 60 que habla de la conservación del agua.
“Lo que sucede es que se están refiriendo a la ley de servicios básicos (Ley de Defensa al Consumidor). Si la Red tiene problemas con esa ley, debe solicitar las reformas correspondientes, pues nuestra propuesta trata del acceso y de priorizar los usos, porque el agua tiene diferentes usos: el doméstico, energético, industrial y agrícola. La gran pregunta de la sociedad ahorita es ¿cuál es la prioridad?”, indicó Callejas.
La ley que presentará el presidente Bolaños al Poder Legislativo establece las prioridades del uso del agua, y en ella la prioridad la tiene el uso doméstico, y deja claro que el agua de consumo humano es gratuita. “Como dice un anuncio de Enacal, el agua no cuesta nada, lo que cuesta es llevarla a tu casa”, comentó.
LAS BONDADES DE LAS HIDROELÉCTRICAS
A criterio de Callejas, la única manera en que se pueden corregir muchas de las problemáticas de la escasez de agua en algunas regiones del país, es con los reservorios o represas, destinadas ya sea para generación de energía hidroeléctrica o para proyectos de riego.
“El arto 102 de la Constitución establece que para transformar los recursos naturales en riquezas nacionales se pueden dar contratos o concesiones.
Las empresas hidroeléctricas cumplen infinidades de funciones y la más importante es que retienen el agua. En países como Taiwan no dejan ir ni un solo galón de agua de río al mar, mientras nosotros dejamos ir el 99 por ciento”, explicó Callejas.
El funcionario del Mific considera que al haber una represa, automáticamente esto se traduce a energía más barata que viene a competir con la costosa energía termoeléctrica generada a base de petróleo.
“Aquí ni las industrias quieren venir ni los productos agrícolas dan resultado por el alto costo de la energía. Si alguien construye una represa, su preocupación primordial será el abastecimiento de agua, y para ello saben que deberán reforestar las partes altas, cosa que Nicaragua necesita”, manifestó.
Callejas agregó: “Sabemos de una empresa textilera que planea invertir 100 millones de dólares, y ahora está por no venirse a Nicaragua porque la energía eléctrica aquí es muy cara. Si nosotros hacemos que la energía eléctrica baje, más inversión vendrá al país”, afirmó.
AMBIENTALISTAS DE ÁRBITROS
Los grupos ambientalistas han emergido como una especie de réferi en el debate sobre la implementación de una Ley del Agua.
Sus opiniones han sido críticas tanto de la propuesta de la sociedad civil, a la que señalan de enfocarse solamente en una postura de defensa total de los consumidores dejando a un lado el aspecto ecológico, como la del gobierno, que a su juicio pasa por encima de todas las regulaciones ambientales vigentes tanto a nivel nacional como internacional.
En busca de que un consenso de ambas propuestas, el Club de Jóvenes Ambientalistas (CJA) organizó recientemente el primer Foro Nacional del Agua, con el fin de escuchar los planteamientos de aquellos sectores involucrados directamente en el manejo de los recursos hídricos.
Raomir Manzanares, director del CJA, dijo que la propuesta final del anteproyecto de Ley del Agua debe tener un enfoque de desarrollo sustentable, que permita un potencial aprovechamiento de los recursos hídricos respetando su riqueza ecológica.
“El desarrollo sustentable debe basarse en registrar e inventariar los recursos hídricos que tiene el país, tomando en cuenta que ya no podemos competir como antes ya que actualmente tenemos más de 38 ríos contaminados y dos cuencas hidrográficas, la del Atlántico y el Pacífico, en peligro de perderse”, mencionó Manzanares.
“Estamos hablando desde el punto de vista económico y de preservación del recurso. Se busca una manutención para el manto acuífero y en ese sentido ninguna de las dos propuestas lo trae, se quedan cortos”, añadió.
SOCIEDAD CIVIL POR SU CUENTA
Manzanares señaló que en caso de la propuesta de la sociedad civil, ésta no ha buscado lograr una concertación sincera con los grupos ambientalistas, lo que a su juicio debilita la posición de este sector ante el gobierno.
“Por eso es que incluso los grupos ambientalistas más reconocidos se han desligado de la propuesta de la Red, porque se nos ha ignorado para su elaboración”, comentó Manzanares.
Ruth Selma Herrera, directora de la Red Nacional de Defensa al Consumidor, expresa que la propuesta de la Red mantiene un enfoque integral que cubre todos los aspectos para crear un anteproyecto de Ley del Agua fuerte, ya que abarcaría tanto los puntos ecológicos, económicos, de defensa al consumidor y administración de los recursos hídricos.
“Nuestra propuesta siempre tiene riesgo de no cubrir algunas áreas porque es un tema complejo ya que involucra ecosistemas, servicios y administración de los recursos, pero una de sus premisas es que hay que preservar los recursos hídricos, y si eso no es ecológico, no sé que lo será. Tal vez ellos estén pensando en estudios más específicos y especializados”, respondió Herrera.
Por otro lado, el dirigente ambientalista mencionó también que la propuesta gubernamental, manejada por el Mific, pasa por encima de las funciones de la institución reguladora del medio ambiente en el país, que es el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena).
“El Mific pasó muy arriba del Marena y de las mismas leyes ambientales. El Mific debe enfocarse en reglamentar las concesiones para el uso del agua para la producción de energía eléctrica o transporte. Han mejorado mucho, pero siguen faltando a los compromisos que ha firmado Nicaragua a nivel internacional y no deben olvidar que ellos está comprometidos para la conservación, mantenimiento y potencialización del recurso”, agregó.
VER TAMBIÉN:
