Shirley Munguía*
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Participación popular en la administración de justicia
Shirley Munguía*
Aunque el pueblo nicaragüense tenga la firme convicción de que la administración de justicia, en su sentido amplio, es decir respetando el debido proceso y las garantías constitucionales, es una obligación y corresponde únicamente a la Policía Nacional, al Ministerio Público y más específicamente al Poder Judicial, quienes respectivamente tienen la gran responsabilidad de investigar con objetividad, someter a juicio con obligación de probar, y es labor de sabios “juzgar y ejecutar lo juzgado”, convicción incompleta, pues aunque parezca increíble el pueblo como la mayor expresión de la democracia, tiene el poder de administrar justicia en nuestra República; en este sentido, salvo las excepciones legales, todos los ciudadanos nicaragüenses mayores de veinticinco años de edad, que sepan leer y escribir tienen el poder de administrar justicia en el país. Y muy a pesar de que la sociedad pide justicia, ya sea como ofendidos o como ciudadanos, también tienen la obligación de hacer justicia en todos aquellos casos sometidos a su conocimiento; poder que se traduce en que estas personas tienen en sus manos, por un lado la libertad del acusado, y por otro a toda una sociedad pidiendo justicia, incluyendo todo el trabajo investigativo y jurídico de las instituciones que han llevado a un ciudadano a enfrentar un juicio.
Participan en la administración de justicia ciudadanos comunes y corrientes, legos en derecho, quienes por la trascendencia e importancia que tiene el acontecimiento, deben estar atentos a la prueba que desfila ante sus ojos, y tiene el deber de valorar esa prueba conforme su sentido común y a la lógica, utilizando el raciocinio que nos diferencia a los seres humanos, es decir la facultad de razonar utilizando cualquier método que los lleve a una conclusión lógica y sobre todo justa; justicia que deberían impartir poniéndose en el lugar del acusado, pero también ubicándose en el lugar de la víctima del delito, como sociedad a la cual pertenecen, sin olvidar que nadie está exento de ser cualquier día acusado o víctima de un hecho punible.
A pesar que el pueblo pide justicia a gritos desesperados, en muchas ocasiones la misma población no hace justicia, sobre todo cuando no se está atento ni se sabe o no se comprende la responsabilidad que entraña ser jurado en un juicio.
Ser un miembro del tribunal de jurados, es decir, ser en realidad honorable, noble y justo, significa dar a cada quien lo que se merece, virtud de dioses traducida en nuestra cultura como valorar la prueba conforme al sentido lógico, desprendidos de todo vestigio de subjetividad y sobre todo libre de prejuicios y presiones, aunque tenga que correrse un riesgo, pues todavía, el riesgo sigue siendo el mejor camino para impartir una verdadera justicia.
Que se exprese la voz del pueblo es la democracia; que sea la sociedad la que dé la pauta y siente el precedente de ser honorables, para que no exista la necesidad de salir a defender un veredicto o un fallo a los medios de comunicación, que en realidad se aplique la ley de la manera más justa y objetiva, como cuando se resuelve un problema personal, o familiar en el que se quiere a ambas partes, y así poder conservar nuestra hermosa nación con valores y convicciones bien arraigados, y sobre todo sin corrupción, ni egoísmo, y al fin, en realidad, enorgullecernos al decir que vivimos en un verdadero Estado de Derecho.
* La autora es Fiscal Auxiliar del Ministerio Público en Chinandega.
