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Una queja formal en contra de dos jueces que ordenaron la libertad de ocho indocumentados chinos, entre ellos dos coyotes que estaban a la orden de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional, introducirá el ministro de Gobernación, Eduardo Urcuyo, ante la Inspectoría de la Corte Suprema de Justicia.
Urcuyo reaccionó airado ayer ante la disposición del Juez Quinto Local del Crimen, Walter William Vargas, quien ordenó la libertad de ocho indocumentados retenidos en el Aeropuerto Internacional de Managua y nombró a Francisco José Raudez como juez ejecutor.
LA PRENSA trató de ubicar anoche al Juez Vargas, pero no fue posible.
“Esta es una zanganada absoluta y total. Aquí estamos seguros que hay dinero de por medio, porque de otra manera no pudiera ser posible, estos son ciudadanos ilegales que no tienen documentos para circular en el país, dos de ellos están acusados de traficantes y están a la orden de la Policía Nacional, y no puede ser posible que los jueces se estén prestando a que estos ciudadanos salgan libres, sin ningún documento legal”, declaró Urcuyo.
El ministro ordenó a Migración desobedecer la orden de libertad emitida por el Juez Quinto Local del Crimen, de que fueran puestos en libertad los indocumentados, por lo que ahora, según Urcuyo, las autoridades de Migración han sido amenazadas de ser acusadas por desacato.
“Si a nosotros nos obligan a poner a esta gente libre el lunes, allí mismo, saliendo de allí, la Policía los va a recoger y meter presos”, advirtió el ministro.
Problemas similares ocurren en otras partes del país, dijo Urcuyo, sobre todo en la región del Caribe, donde los indocumentados, sobre todo colombianos, fácilmente penetran a territorio nacional y son puestos en libertad por órdenes de jueces.
El funcionario recordó que este tipo de hechos promueven, además del tráfico de indocumentados, otros ilícitos como el narcotráfico y el soborno de gente que se presta.
Para el asesor jurídico de Migración, Jesús Castillo, da la impresión que estos funcionarios tuvieran listas las fotocopias de recursos de exhibición y de amparo. “No han terminado los funcionarios de Migración de llevar a esta gente ilegal al centro de retención, cuando se aparece un juez ejecutor allí, a diligenciar un mandato de exhibición y perentoriando a los funcionarios migratorios a poner a estos ilegales en libertad”, dijo Castillo.
