Manuel Castillo Fletes
Algunos gobiernos han realizado enormes esfuerzos por garantizar la ampliación de la cobertura de los servicios básicos a la mayoría de los nicaragüenses, en especial a las poblaciones rurales que históricamente han carecido de dichos servicios.
Hace un poco más de una década los gobiernos de estados pobres como Nicaragua vienen sufriendo como una “exigencia” de los organismos financieros internacionales la privatización de las empresas de servicios básicos como la energía eléctrica, comunicaciones y agua potable, so pretexto de ser deficitarios, buscando que el inversionista privado les haga eficientes.
La historia reciente nos da un ejemplo de cómo empresas estatales como Enel, hoy en manos privadas de inversionistas españoles, no han mejorado en la prestación del servicio, pero sí han encarecido los costos de los mismos, obligando a los nicaragüenses a vaciarse los bolsillos para poder contar con la prestación de este servicio fundamental.
En un país normal los servicios básicos crecen en la medida en que crece la población, sin embargo, en Nicaragua mientras crece la población es más grande el déficit de estos mismos servicios y eso tiene una sola explicación, los altos costos de la energía.
Con el paso de los días los nicaragüenses debido precisamente a esos costos exorbitantes, nos veremos obligados a prescindir del servicio fundamental de la energía eléctrica, ya que no existe fórmula alguna para regular los precios.
Los costos de la energía también afectan los precios del servicio de agua potable, ya que el agua como recurso natural no cuesta nada, lo costoso es bombearla y llevarla a los domicilios, siendo Enacal si no el primero una de las instituciones o empresas que consumen más energía eléctrica en el país, algo que amenaza de manera permanente con incrementar el precio del servicio de agua, lo que obliga a muchos a hacer uso de este servicio sin pagarlo.
Hoy una nueva amenaza se cierne sobre los nicaragüenses, nada más que en el sector rural, las autoridades de Enacal en su afán de reducir trabajadores han puesto a disposición del Ejecutivo lo que se conoce como Gerencia de Acueductos Rurales, para pasarla al Fondo de Inversión Social para la Emergencia (FISE), dentro del recientemente anunciado Plan Nacional de Desarrollo.
La Gerencia de Acueductos Rurales cuenta con 162 trabajadores que hacen una labor de promotores sociales, y han elaborado aproximadamente 5,000 proyectos que han venido a beneficiar a un millón o más campesinos de comunidades alejadas y pobres, todo esto con el apoyo de Cosude (corporación sueca), Unicef (Naciones Unidas) y Care Internacional.
El Ejecutivo pretende (ojo) pasar los proyectos en mención a un bolsón que manejaría el FISE, entidad que solamente construye, mientras que la Gerencia de Acueductos Rurales en Enacal descubre necesidades, promueve construcción involucrando a las comunidades; capacita, da mantenimiento y coordina el buen uso de los acueductos rurales, algo muy diferente a lo que haría el FISE, lo que hace pensar que estos acueductos desaparecerán a corto plazo, tarde o temprano, quitándole a los pobres del campo esta pequeña señal de desarrollo.
Es contradictorio que mientras se propagandiza un plan que supuestamente traerá desarrollo a la nación, se ponga en riesgo a los campesinos pobres que hasta hoy conocen el agua potable, por hacer un movimiento de concentración de acciones que supuestamente harán más eficientes las instituciones.
El señor Presidente debe analizar lo delicado que es realizar este cambio de Enacal al FISE, recuerde la experiencia de Enel a Unión Fenosa, no sea que obliguemos a los pobres a volver a utilizar el candil y el malacate.
El autor es Secretario General del Congreso Permanente de los Trabajadores (CPT).
