Fernando José Bárcenas Molina
La energía eléctrica es un insumo estratégico clave para el desarrollo del país. Por ello, es vital para definir un exitoso Plan de Desarrollo Nacional trazar una estrategia energética correcta, que enfrente las debilidades estructurales y la falta de una visión consecuente de parte de quienes norman el sector eléctrico.
Con el nuevo modelo impuesto por el FMI la energía eléctrica es considerada un bien comercial, que debe responder a las señales del mercado. Sin embargo, es al Gobierno, y no al mercado, a quien corresponde ampliar la electrificación del país. Costa Rica tiene una electrificación de 94.9 por ciento, con beneficios consecuentes para la productividad general de la nación, mientras nuestro país apenas alcanza el 46.2 por ciento.
En el PND se debe reflejar no sólo las metas de electrificación del país, sino el rol del Estado para reducir los costes del abastecimiento energético. A él compete, incluso, la misión estratégica de absorber costos por medio de subsidios a los sectores destinados a generar empleos productivos, y que necesitan tiempo y ayuda para fortalecerse ante una competencia cada vez más feroz.
Para empezar, la política energética del PND debe señalar nuestra mayor debilidad estructural. Que el 80 por ciento de nuestra generación de energía eléctrica importa derivados del petróleo como fuente primaria de energía. Significa que se utiliza el 15 por ciento de nuestras exportaciones para cubrir la factura petrolera en concepto de generación de energía. Costa Rica produce con derivados del petróleo únicamente el 1.18 por ciento de su generación eléctrica.
El factor de las plantas hidroeléctricas en Costa Rica, que cubre el 82.55 por ciento de su generación, es de 0.7 (dado que sus embalses permiten una regulación plurianual). En nuestro país, en cambio, tan sólo el 9.74 por ciento de la generación es hidroeléctrica, y el factor de estas plantas es de tan sólo 0.25. De ello se deriva que la misma energía hidroeléctrica resulta más cara aquí que en Costa Rica.
El Plan Nacional de Desarrollo (PND), sin aportar mayores datos, determina que para el 2007 se deberá producir el 40 por ciento de la energía eléctrica con recursos renovables. Pero, no define cómo ayudará a nuestros productores con los costos energéticos, hasta el 2007. ¿Y después del 2007? La literatura especializada afirma que para el año 2012 declinará la producción mundial de petróleo, lo cual, con anticipación, disparará los precios del crudo. ¿Resultará competitiva y sostenible nuestra producción nacional, con un 60 por ciento de generación térmica, cuyo precio irá cada vez más hacia el alza, en función del petróleo?
Además, habrá que enfrentar la obsolescencia tecnológica. Actualmente el 35 por ciento de la generación eléctrica proviene de plantas con una baja eficiencia, de 12 kwh/galón. Además, el rendimiento neto de las plantas, descartado el autoconsumo, es de 93.5 por ciento (mientras en Costa Rica es de 99.31 por ciento).
En 1996, Honduras tenía un nivel de pérdidas (técnicas y comerciales) de 26.4 por ciento, y Nicaragua un nivel de 29.9 por ciento. Actualmente, Honduras ha bajado a 18.1 por ciento, mientras Nicaragua aún ronda los 31.9 por ciento. Falta una legislación que penalice el robo de energía.
Mientras Guatemala participa con el 32.7 por ciento del comercio regional de energía, Nicaragua lo hace apenas con el 3.97 por ciento. La disponibilidad para exportar energía excedente por parte de las distribuidoras nacionales, habría producido en un año, 3.5 millones de dólares (lo cual reduciría los costes de energía y la tarifa nacional). Pero, ni los funcionarios del INE ni los del CNDC han permitido dicha exportación, aunque sea evidente el beneficio que representa.
De manera, que el plan de desarrollo debe ofrecer remedios concretos en dos sentidos, tanto para los males estructurales señalados, como para los que se deben a falta de capacidad y de visión emprendedora.
El autor es ingeniero eléctrico y ex presidente del Consejo de Operación del Mercado.
