Roman, Times, serif»>
La reforma judicial en el Plan de Desarrollo
Es ampliamente reconocido que sin un sistema judicial independiente y capaz, no hay Estado de Derecho y que sin Estado de Derecho, no hay democracia. De este silogismo, que no es un ejercicio intelectual sino una realidad histórica y política, resulta evidente que la justicia es una condición indispensable para la existencia del Estado de Derecho y la democracia.
Son conocidos por todos los severos problemas que afectan al Poder Judicial, principalmente en lo que se refiere a su efectiva independencia que se considera comprometida, debido, sobre todo, al alto grado de politización que padece; sin excluir la falta de probidad de algunos jueces y funcionarios judiciales, y la carencia, en ciertos casos, de la adecuada preparación profesional para el ejercicio de la función jurisdiccional, lo que redunda en pérdida de la imparcialidad, lentitud en la tramitación de los juicios, acumulación de causas y retardación de justicia.
De acuerdo a los estudios mencionados en la propuesta de Plan Nacional de Desarrollo presentada por el Ejecutivo, el sistema judicial requiere cambios estructurales que mejoren lo que el documento llama la capacidad de producción del sistema, pues según expresa el mismo documento, “los casos acumulados se duplican en apenas cuatro años”.
De ahí que de acuerdo a las proyecciones del Plan, “el número de casos acumulados llegará en el año 2008 a 655 mil, lo que significa que el Poder Judicial necesitaría 550 jueces para resolver el stock de causas, casi el doble de los jueces actuales”. De no revertirse esta tendencia se corre el riesgo de que el sistema colapse con todo lo que esto conlleva para la seguridad jurídica y la gobernabilidad democrática.
Igualmente requiere un cambio estructural la distribución presupuestaria pues “la primera instancia, que carga con el 85 por ciento de la actividad judicial, apenas recibe el 24 por ciento del gasto de personal. Los que tienen la mayor carga reciben la menor parte del presupuesto”. Además, “en muchos casos la estructura salarial, no se corresponde con la clasificación de cargos”.
De esta radiografía del Poder Judicial se desprende la necesidad de realizar cambios sustanciales, para lo que hay que adoptar medidas apropiadas, tanto de orden institucional como material y financiero, que permitan establecer un sistema judicial en condiciones adecuadas para su independiente y eficaz funcionamiento.
Entre estas medidas hay que mencionar la Ley de Carrera Judicial que es un medio para despolitizar los nombramientos, establecer sistemas de estabilidad, promoción y remoción, garantizar la calidad e independencia, mediante el establecimiento de concursos de oposición de los que ingresen al sistema, previo estudios especializados en la Escuela Judicial. Esta ley comprendería todas las categorías de funcionarios y empleados judiciales, incluyendo a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Para garantizar la independencia tanto interna como externa de los funcionarios judiciales, lo mismo que la eficacia del sistema judicial, el Plan, además de la Ley de Carrera y Servicio Judicial, propone una serie de medidas entre las que cabe mencionar la creación de la Comisión de Gobierno del Poder Judicial, como “órgano de tutela de la Carrera Judicial. Esta comisión se encargará de los nombramientos de los jueces, promociones, destituciones y sistema salarial, el cual abarca hasta los magistrados de la Corte Suprema de Justicia”.
Junto a lo anterior el Plan propone otra serie de medidas, las que estudiadas en su conjunto constituyen toda una estrategia de transformación del sistema. Entre ellas deben mencionarse: la desconcentración de los servicios judiciales; la modernización del Registro Público y el Catastro; la adecuación de la justicia a los nuevos requerimientos de la sociedad; la revisión general de la legislación actual y el ordenamiento del cuerpo de leyes; la necesaria publicidad jurídica, entre las más importantes.
Como puede apreciarse se trata de un conjunto de medidas que tratan en lo fundamental de garantizar la independencia del Poder Judicial, a través de una serie de medidas que eliminen o reduzcan de forma significativa el grado de dependencia política de los funcionarios judiciales, a la vez que se buscan transformaciones estructurales, orgánicas, administrativas y financieras que permitan superar el cuello de botella del sistema, todo en aras de establecer una justicia transparente, independiente y eficaz.
